Navidad bajo fuego en Catatumbo: promesas de tregua fracasan y crece el drama humanitario por minas y desplazamientos

Durante la temporada navideña, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de la disidencia de las FARC, conocido como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), anunciaron públicamente ceses al fuego en el Catatumbo, una región históricamente marcada por el conflicto armado. Sin embargo, según reportes de El Espectador, lejos de concretarse una tregua, la violencia recrudeció, especialmente en el corregimiento de La Gabarra, zona rural de Tibú (Norte de Santander). Allí, los enfrentamientos entre estos grupos no solo han persistido, sino que se han intensificado, desencadenando confinamientos y desplazamientos forzados que hacen temer una repetición de la grave crisis humanitaria vivida hace tan solo un año.

Las hostilidades se concentran en zonas rurales estratégicas como el kilómetro 16, donde familias, incluidos menores y adultos mayores, se han visto obligadas a refugiarse en una escuela para protegerse tanto del fuego cruzado como del peligro latente de minas antipersonal. Esta situación remite a diciembre pasado, cuando la disputa territorial dejó miles de desplazados y la ayuda humanitaria llegó con retraso. Datos de autoridades y organizaciones humanitarias citados por El Espectador indican que, en los últimos días, aproximadamente 250 personas han debido huir de sus hogares en Tibú y otras áreas del Catatumbo para buscar resguardo en municipios como Cúcuta y Ocaña, en plena época de celebraciones familiares.

Alrededor de 6.000 personas permanecen en riesgo de confinamiento o nuevos desplazamientos si la confrontación continúa. Además, se reportó el caso de una mujer herida de gravedad al activar una mina antipersonal mientras transitaba por el área rural, evento que revela cómo la amenaza contra la población civil persiste, incluso en medio de supuestas treguas. Esta realidad pone en entredicho los compromisos públicos de paz e incrementa la vulnerabilidad de quienes habitan este territorio.

Frente al agravamiento del conflicto, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que los combates se han recrudecido, lo que impide la evacuación de los heridos y limita el acceso de la ayuda humanitaria. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado enfático por el respeto a la vida y la dignidad de las comunidades del Catatumbo, exhortando a que se garantice la seguridad necesaria para el retorno y la permanencia de los habitantes en sus tierras, así como el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.

Las reacciones desde la sociedad civil tampoco se han hecho esperar. El colectivo Madres del Catatumbo, en un pronunciamiento fechado el 25 de diciembre, denunció que los enfrentamientos tienen lugar en el mismo espacio donde surgió su proceso comunitario, y que familias enteras permanecen confinadas en la escuela local, atrapadas en medio del miedo y el peligro. Consideran la situación como “grave, alarmante y completamente inaceptable”, subrayando especialmente el impacto sobre los niños y niñas, quienes ven vulnerados sus derechos más básicos.

El colectivo exigió una respuesta inmediata del Estado, una presencia humanitaria efectiva y protección real para la población, en particular la niñez. Los habitantes del Catatumbo perciben que la situación actual no es un hecho aislado ni una escalada imprevisible, sino parte de una secuencia trágica que ya vivieron en enero del año anterior con desplazamientos masivos y una atención humanitaria insuficiente. El contraste entre los anuncios de cese al fuego y la violencia persistente alimenta el temor de quedar atrapados de nuevo en el ciclo de guerra.

Mientras la región cierra el año bajo la sombra del conflicto, las comunidades y colectividades como las Madres del Catatumbo insisten en el respeto a la vida y la urgente necesidad de garantías para una vida digna, sin temor a la violencia.

¿Cómo afecta el uso de minas antipersonal a la población civil durante los enfrentamientos en el Catatumbo?

El uso de minas antipersonal agrava considerablemente la crisis humanitaria en zonas de conflicto como el Catatumbo, donde la movilidad de la población se ve restringida por el temor a activar estos artefactos. Incluso en contextos de tregua, el riesgo persiste, ya que basta con que una persona cruce inadvertidamente un área minada para que haya víctimas, como lo evidenció el reciente caso de una mujer gravemente herida. Esta amenaza convierte actividades cotidianas como desplazarse entre veredas o acceder a servicios básicos en actos peligrosos.

Las minas antipersonal afectan especialmente a los sectores más vulnerables, incluyendo menores y adultos mayores que suelen desplazarse por caminos rurales. Además del riesgo inmediato, la presencia de minas imposibilita la asistencia humanitaria y limita el acceso del personal médico, dificultando la recuperación de heridos y la salida de quienes se encuentran en situaciones de confinamiento, como se ha registrado en el territorio según los testimonios publicados por El Espectador.