Colapso hospitalario en Antioquia: 510 pacientes varados y hospitales al borde del cierre por deudas

La crisis hospitalaria que atraviesa el departamento de Antioquia ha alcanzado niveles críticos, según alertó la Secretaría Seccional de Salud. Al 15 de abril, más de 510 personas permanecían estancadas en hospitales, sin ser trasladadas a instituciones donde podrían recibir la atención médica requerida. Esta cifra refleja la magnitud de un colapso administrativo y logístico que afecta principalmente a los afiliados de Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo intervención estatal, quienes representan cerca del 70% de los casos de pacientes varados.

De acuerdo con los datos de la dependencia, los pacientes más afectados pertenecen a la Nueva EPS, con 192 casos, y a Savia Salud, con 161 afiliados aún esperando remisión. Esta congestión se enmarca dentro de un panorama aún más preocupante: la red hospitalaria de Antioquia, especialmente en el Valle de Aburrá, soporta una sobreocupación de urgencias que en promedio llega al 116%. En Medellín y su área metropolitana, la cifra asciende hasta el 120%, lo que significa que los servicios operan muy por encima de su capacidad real.

El represamiento de pacientes también guarda relación directa con la situación financiera crítica de las instituciones prestadoras de servicios de salud en la región. Según datos reportados hasta septiembre de 2025, los hospitales —tanto públicos como privados— enfrentan deudas acumuladas por cerca de ocho billones de pesos, principalmente producto del incumplimiento en los pagos por parte de las EPS. De este monto, las tres EPS intervenidas en Antioquia (Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud) suman pasivos por 4,9 billones de pesos, impactando al grueso de la red hospitalaria.

La consecuencia inmediata ha sido el cese temporal de servicios por parte de sedes hospitalarias de referencia en Antioquia, como el hospital Alma Máter y la Clínica Cardiovid, que suspendieron la atención a pacientes de la Nueva EPS tras advertir que operar en condiciones de impago ponía en riesgo su sostenibilidad. Este fenómeno no es aislado: en los últimos meses, más instituciones, incluyendo Promedan, Bello Salud y la Clínica Somer de Rionegro, han optado por retirar servicios a causa de deudas millonarias.

La presión sobre el sistema se hace aún más evidente cuando, ante la falta de flujo de recursos, hospitales de los municipios más apartados llevan varios meses sin recibir pagos, comprometiendo gravemente la atención de la población rural. De acuerdo con Diego Alejandro Villa Valderrama, secretario de Salud encargado del departamento, mientras algunos hospitales de primer nivel perciben leves alivios en giros provenientes de Savia Salud, la Nueva EPS ha interrumpido los desembolsos por servicios de mediana y alta complejidad durante los últimos tres meses, situación que dificulta la continuidad de la atención médica.

En este contexto de pasivos sin saldar y sobreocupación, la amenaza de suspensión de servicios se extiende a hospitales de gran capacidad ubicados en diferentes municipios antioqueños, ampliando el riesgo de una crisis aún más profunda en la prestación de salud.

¿Qué efectos puede tener la interrupción de pagos de las EPS en la atención hospitalaria?

La interrupción de pagos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tiene consecuencias inmediatas y profundas en la operatividad de los hospitales. Como se evidencia en la actual crisis del sistema de salud en Antioquia, la falta de recursos afecta especialmente la capacidad de respuesta para casos de mediana y alta complejidad, debido a que los hospitales no cuentan con un flujo constante de dinero para cubrir insumos, salarios y gastos administrativos esenciales.

Esta situación lleva a la suspensión parcial o total de servicios, lo que no solo incrementa la congestión en las urgencias sino que también afecta de manera directa a los pacientes que requieren traslado o atención especializada. El riesgo de que hospitales, tanto grandes como pequeños, cierren servicios por deuda impacta negativamente la garantía al derecho fundamental a la salud de miles de personas en la región.