Crisis en la salud colombiana: polémicas, irregularidades y una intervención bajo la lupa a la Nueva EPS

El panorama actual del sistema de salud colombiano enfrenta una de sus etapas más críticas, caracterizada por una sucesión de polémicas y cuestionamientos a las decisiones tomadas desde altas instancias del Gobierno. Recientemente, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue interrogado por supuestamente incumplir directrices de la Corte Constitucional relacionadas con el manejo de recursos para las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Este episodio se suma a la reciente llegada del exalcalde Daniel Quintero —quien enfrenta cargos de presunto peculado y prevaricato— a la Superintendencia de Salud, donde tiene bajo su responsabilidad el direccionamiento de un presupuesto superior a los 562.734 millones de pesos y el bienestar de 22,8 millones de afiliados cuyas aseguradoras han sido intervenidas.

La compleja situación se agrava con la suspensión de la intervención a Coosalud por decisión de un Tribunal, que consideró que dicha medida no trajo mejoras notables. Paralelamente, siete altos funcionarios denunciaron la supuesta ilegalidad de prolongar la intervención a la Nueva EPS por un año adicional. Todo esto ocurrió en el lapso de una sola semana, lo que refleja el nivel de tensión y fragilidad en el sector, mientras al presidente Gustavo Petro le restan apenas cuatro meses de gobierno y se mantiene latente la posibilidad de que un sucesor que continúe su agenda política tome las riendas.

Entre los recientes hechos, la extensión de la intervención a la Nueva EPS —la más grande del país, con 11,5 millones de afiliados— es catalogada como la más delicada tanto por el peso institucional y presupuestal de la entidad como por los presuntos vicios legales detectados en la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). Según Caracol Radio, la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud denunció ante la Procuraduría que la actuación del Gobierno pudo haber omitido los protocolos que establece la ley, al punto de que la superintendente ad hoc, Luz María Múnera, habría formalizado la medida de intervención sin cumplir los cuatro pasos reglamentarios, incluyendo la ausencia de un informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia y sin que la Supersalud hubiera emitido previamente las recomendaciones que luego se alegó no fueron acatadas.

La denuncia también señala que se consignó una versión inexacta de lo discutido en el Comité de Medidas Especiales: contrario a lo escrito en la resolución, la reunión habría desaconsejado reiniciar la toma de posesión de los bienes y negocios de Nueva EPS.

Por otra parte, El Colombiano obtuvo información desde la propia superintendencia acerca de irregularidades adicionales. La normativa vigente otorga a la Supersalud la facultad de intervenir inicialmente y prorrogar esta acción una vez por un año. Transcurridos estos plazos, cualquier nueva decisión debe provenir directamente del Ministerio de Salud o de la Presidencia. No obstante, la resolución que prorroga la intervención de la Nueva EPS fue expedida fuera del tiempo legal y por una funcionaria sin competencia, lo que pone en entredicho su legitimidad procedimental. Se evidenció que la medida fue adoptada con base en información incompleta, pues no se incluyeron datos financieros actualizados de 2025 ni de 2026, sino solo registros hasta febrero de 2024, donde se identificó un déficit y superávit negativos que impidieron el cumplimiento de los requisitos de capital mínimo, patrimonio adecuado ni inversión de la reserva técnica.

Estos eventos han suscitado preocupación y confusión dentro del sector salud y entre quienes vigilan la legalidad de las decisiones administrativas. El exsuperintendente Fabio Aristizábal recalcó a El Colombiano la necesidad de que la prórroga fuese tramitada por la autoridad ejecutiva, señalando que el trámite actual podría haberse convertido en una “jugada legal, pero oscura”, que deja vulnerabilidades jurídicas y administrativas para la entidad y sus afiliados.

¿Qué implica una intervención estatal a una EPS en Colombia?

La intervención estatal a una EPS significa que la autoridad competente asume temporalmente el control administrativo y financiero de la entidad, usualmente para corregir falencias graves que afectan el servicio de salud a sus afiliados. Este proceso es relevante porque afecta directamente la continuidad de los servicios y el manejo de recursos públicos. Dado que el caso de la Nueva EPS involucra a millones de ciudadanos y a una de las principales aseguradoras del país, el cumplimiento estricto de los procedimientos legales y la transparencia en las actuaciones de los funcionarios cobran una importancia crucial para garantizar el derecho a la salud y la confianza en las instituciones.

La discusión sobre las facultades de la Supersalud y la legalidad de las intervenciones estatales no solo tiene repercusiones inmediatas para los usuarios del sistema, sino que también configura precedentes en la jurisprudencia y la gobernanza del sector salud en Colombia.