Catástrofe humanitaria en la salud colombiana: miles sin tratamiento por el colapso del sistema

El colectivo Todos por la Salud ha encendido las alarmas ante la situación que atraviesa el sistema de salud colombiano, calificando la crisis como una “catástrofe humanitaria” que supera los límites de lo estrictamente administrativo y afecta de modo directo a millones de ciudadanos. Esta organización, que reúne a pacientes, profesionales médicos y diversos sectores de la ciudadanía, sostiene que la crisis ha conducido a una forma de victimización institucional. En su denuncia, enfatizan que las personas afectadas no son simplemente usuarios del sistema, sino víctimas a quienes debe reconocerse el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, y a la garantía de no repetición, de acuerdo con los lineamientos de derechos humanos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según Todos por la Salud, los efectos de la crisis se evidencian en un retroceso considerable de los indicadores de salud pública, poniendo en peligro avances alcanzados durante décadas en el país. La organización señala que el colapso financiero y administrativo ha derivado en muertes prevenibles y en un deterioro constante para los pacientes que padecen enfermedades crónicas o de alto costo. Uno de los datos más alarmantes señalados es la reducción de la cobertura del tratamiento antirretroviral, que cayó al 80 % durante 2024, muy por debajo del objetivo del 95 % estipulado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida). Esta disminución dejó a más de 35.000 personas sin tratamiento y coincidió con la aparición de más de 20.000 casos nuevos de VIH, atribuibles a fallos en las estrategias de prevención.

El deterioro del sistema sanitario ha producido impacto no solo entre quienes conviven con el VIH. El colectivo alerta sobre la situación de pacientes que requieren atención continua, como quienes tienen cáncer, necesitan trasplantes, viven con diabetes o padecen enfermedades crónicas. Estos grupos se han visto especialmente afectados por la escasez de medicamentos clave, entre ellos la insulina, la interrupción de tratamientos como quimioterapias e inmunosupresores y la suspensión de servicios médicos de alta complejidad.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), cuyos datos fueron citados por Todos por la Salud, reportó para 2025 más de 2.033 muertes relacionadas con obstáculos administrativos y la falta de continuidad en la atención a personas diagnosticadas con enfermedades raras. Este panorama se agrava todavía más por las dificultades de acceso que sufren sectores vulnerables y por el desgaste del personal sanitario.

El colectivo responsabiliza del agravamiento de la crisis a la retención de recursos públicos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), y a la ineficacia administrativa de EPS bajo intervención del gobierno. Según su análisis, estas dinámicas han imposibilitado el normal funcionamiento de hospitales y clínicas, e incluso han motivado cierres de servicios médicos esenciales en varias zonas del país, con un impacto especialmente grave en pacientes que requieren prestaciones continuas.

Otro punto central de la denuncia apunta a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que se reconoce por cada afiliado al sistema, ya que, de acuerdo con el colectivo, no cubre los costos reales de atención, ni compensa los incrementos en enfermedades crónicas, inflación en el sector o el aumento del precio de medicamentos, insumos y remuneración del personal de salud. Tal insuficiencia presupuestaria, afirman, expone no solo a los pacientes, sino también la sostenibilidad misma del sistema sanitario.

Finalmente, Todos por la Salud sostiene que priorizar la construcción de infraestructura hospitalaria y nuevos equipos técnicos, en vez de garantizar la atención continua y sin interrupciones a los pacientes ya diagnosticados, puede traducirse en un quiebre del derecho fundamental a la salud. A su juicio, esto vulnera los principios de progresividad, no regresividad y continuidad del sistema. La organización concluye advirtiendo que la intervención estatal, lejos de solucionar la crisis, ha precipitado el cierre de servicios vitales, afectando a quienes más dependen del sistema para sobrevivir.

¿Qué consecuencias podría acarrear la falta de continuidad en la atención médica para los pacientes con enfermedades crónicas en Colombia?

Esta pregunta adquiere especial relevancia en medio de la crisis actual, ya que la continuidad en la atención es fundamental para los enfermos crónicos que requieren tratamientos, medicación y seguimiento permanente. La interrupción de estos servicios podría incrementar la mortalidad y el sufrimiento de los pacientes, además de impactar negativamente la calidad de vida y los indicadores generales de salud pública.

La situación analizada por el colectivo Todos por la Salud refleja cómo la ausencia de una respuesta integral y sostenida agudiza la vulnerabilidad de pacientes que dependen del acceso constante a servicios sanitarios especializados. La comprensión de las consecuencias de una atención fragmentada es clave para dimensionar la gravedad de la “catástrofe humanitaria” que, según la organización, enfrenta actualmente el sistema de salud colombiano.