Solo 7 cámaras funcionan en Armenia: crisis de seguridad expone a niños y retrasa respuesta policial

La ciudad de Armenia enfrenta una crisis notable en su sistema de videovigilancia, tema que fue eje central del debate sobre seguridad en el concejo municipal el 27 de marzo. Durante la sesión, la administración local anunció que se encuentra en marcha un proceso de contratación destinado a restablecer el funcionamiento de las cámaras de seguridad, cuya operatividad se ha visto gravemente afectada. Según datos presentados por Juan Sebastián Herrera, secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación del municipio, de las 396 cámaras instaladas en Armenia, solo siete funcionan actualmente. Esta dramática reducción se atribuye a daños en la red de fibra óptica provocados por actos vandálicos, robo y deterioro general, lo que ha dejado a la ciudad vulnerable y con menor capacidad de respuesta ante incidentes delictivos.

En el debate, el concejal Hooverney Correa Cuéllar expuso la gravedad de la situación con evidencia audiovisual que mostró la proliferación de expendios de sustancias psicoactivas en diferentes sectores, incluso próximos a colegios y escenarios deportivos. Señaló casos concretos como el sector de Acacias Bajo, donde el consumo de drogas sucede justo en la entrada de un jardín infantil, y en la parte trasera del Coliseo de Gimnasia, escenario utilizado por casi 500 niños. Correa Cuéllar enfatizó el impacto directo en la niñez, preocupándose por la temprana exposición de menores a sustancias como marihuana, heroína y bazuco.

El funcionario también puso sobre la mesa el aumento de homicidios en Armenia: en lo que va del año, se han presentado 12 casos adicionales respecto a 2025. Aunque el coronel de la Policía Quindío, Carlos Mario Bustamante Bermúdez, reconoció dicho incremento, subrayó que en otros delitos como hurto y extorsión ha habido reducciones. Sin embargo, admitió que el esclarecimiento de homicidios apenas alcanza el 40%, lo que representa un gran reto institucional.

Ante el colapso del sistema tecnológico, la administración municipal tiene listos pliegos para un contrato de mantenimiento integral valorado en $2.700 millones. Está previsto que el proceso sea adjudicado a finales de abril y que el plan cuente con cuatro frentes de intervención: recuperación de puntos de videovigilancia; mantenimiento de la red de fibra óptica; optimización del centro de control; y la creación de una cuadrilla técnica para responder a incidentes críticos e imprevistos durante los ocho meses de ejecución estipulados.

Por otra parte, la Policía ha adoptado acciones como planes desarme y allanamientos en zonas críticas. No obstante, se enfrenta a limitaciones jurídicas como la imposibilidad de aplicar extinción de dominio en asentamientos informales. Además, cerca de la mitad de los homicidios recientes han afectado a la población habitante de calle, lo que resalta la necesidad de políticas integrales y no solo policiales para abordar este fenómeno.

La insuficiencia tecnológica también quedó evidenciada en la limitada utilización de drones para la vigilancia. Aunque existen planes de fortalecer este recurso, la respuesta institucional aún resulta insuficiente ante la magnitud de los desafíos en materia de seguridad urbana.

¿Cuándo se espera que el sistema de videovigilancia vuelva a estar operativo en Armenia?

Una de las inquietudes más relevantes para la ciudadanía es el plazo en el que se espera recuperar la vigilancia por cámaras en Armenia. De acuerdo con el secretario TIC, el proceso de contratación para el mantenimiento integral de las cámaras ya cuenta con los pliegos definitivos y se estima que la adjudicación se dé a finales de abril. El contrato contempla un periodo de ejecución inicial de ocho meses, dividido entre el mantenimiento correctivo y la operación del sistema.

La pronta restauración del sistema de videovigilancia es crucial para elevar los niveles de seguridad y facilitar la labor de las autoridades en la prevención y esclarecimiento de delitos. El éxito de este proceso dependerá, en buena medida, de la capacidad de articular esfuerzos institucionales y técnicos para responder a las demandas urgentes de la comunidad en materia de seguridad urbana.