Petro en la cuerda floja: polémica por bachiller en ministerio clave y embajadores sin inglés

En el tramo final del gobierno de Gustavo Petro, los signos de desorden administrativo y pérdida de cohesión interna parecen incrementarse a pesar de que tradicionalmente este período se aprovecha para consolidar logros y cerrar proyectos. Dentro de la Casa de Nariño, la gestión ha sido justificada como resultado de una “lealtad popular”, aunque fuera de los círculos oficiales la percepción apunta hacia una preocupante desarticulación técnica y un aparente menosprecio por la institucionalidad nacional. Lo reflejan dos polémicas recientes: el cuestionado nombramiento de un bachiller para dirigir un ministerio clave y la flexibilización en los requisitos de idiomas para los representantes diplomáticos del país.

El foco principal de la controversia recae en la designación de Alfredo Acosta Zapata como cabeza del Ministerio de la Igualdad. Esta cartera, que fue creada recientemente y que el año pasado gestionó un presupuesto considerable de 1,29 billones de pesos, ha sido objeto de críticas persistentes debido a su reducido nivel de cumplimiento. Según la información disponible en el portal de aspirantes de la Presidencia, Acosta carece de títulos universitarios y no posee experiencia previa en el ámbito público; su trayectoria pública se limita a su paso por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Estas credenciales han suscitado serias dudas acerca de su capacidad para manejar recursos estatales y diseñar políticas públicas, una preocupación remarcada tanto por partidos de oposición como por fuerzas independientes. Katherine Miranda, representante a la Cámara por Alianza Verde, enfatizó que el nombramiento representa un retroceso en la meritocracia estatal, mientras la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) denunció el reemplazo del mérito por la afinidad ideológica.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha publicado una modificación en su Manual de Funciones, eliminando el requisito de competencia en inglés u otro idioma oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los embajadores colombianos. La resolución, que responde a la dificultad de encontrar perfiles políticos afines que cumplan los estándares tradicionales, ha provocado fuertes críticas dentro del cuerpo diplomático. Camilo Reyes, excanciller, argumentó —en declaraciones recogidas por EL COLOMBIANO— que esto significa un “retroceso histórico” y genera desigualdad entre diplomáticos de carrera y quienes acceden por designaciones directas, afectando la profesionalización.

El impacto de esta medida trasciende lo simbólico: provocará un aumento del gasto público, ya que el Estado colombiano estará obligado a contratar más traductores y asesores en embajadas tan relevantes como Washington, Londres o Ginebra para suplir las deficiencias comunicativas de los nuevos embajadores.

Al revisar los niveles de ejecución presupuestal, diversos informes señalan que ministerios como Igualdad y Vivienda han tenido desempeños históricamente bajos. Los expertos citados en el artículo atribuyen estos resultados negativos a la falta de formación técnica entre los funcionarios designados, situación que deriva en retrasos de proyectos y en que buena parte de los recursos queden sin utilizar, al tiempo que las comunidades destinatarias siguen esperando soluciones reales.

Dentro de la Cancillería, la atmósfera es de tensión. Persiste el rumor sobre una posible negativa de visa estadounidense a la canciller Rosa Villavicencio, hecho que, de comprobarse, le impediría acompañar al presidente Petro a una reunión crucial con su homólogo en Washington, lo cual sería un duro golpe político. Asimismo, circulan versiones sobre la posible renuncia solicitada por el mandatario al vicecanciller Mauricio Jaramillo, aunque este último, consultado por EL COLOMBIANO, no confirmó tal exigencia y rehusó brindar mayores detalles sobre la estabilidad interna del ministerio.

Así, el autodenominado “Gobierno del Cambio” parece cerrar su gestión traicionando una de sus promesas fundamentales: fortalecer y dignificar la función pública. En lugar de consolidar el aparato estatal a través del mérito y la capacidad técnica, los últimos movimientos evidencian una tendencia a flexibilizar las estructuras en nombre de conveniencias políticas.

¿Qué implica la baja ejecución presupuestal en ministerios clave para las comunidades beneficiarias?

La baja ejecución presupuestal es uno de los problemas señalados en el artículo, especialmente en las carteras de Igualdad y Vivienda. Esta situación ocurre cuando los recursos asignados a proyectos y programas no se invierten oportuna y eficientemente, lo que termina frenando la ejecución de obras y servicios destinados a satisfacer necesidades sociales urgentes.

Para las comunidades receptoras de estos recursos, la consecuencia directa es la demora o inexistencia de soluciones en temas clave como vivienda, servicios básicos o políticas de equidad. Mientras los fondos quedan en las cuentas estatales y los proyectos se aplazan, las condiciones de vida de cientos de beneficiarios potenciales se estancan, perpetuando las desigualdades que los programas buscan combatir.