Corte Suprema abre indagación preliminar por prevaricato contra Comisión de Acusación en proceso sobre Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia ha decidido abrir una indagación preliminar contra miembros de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, bajo sospecha de prevaricato por acción, en un giro relevante dentro de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta determinación se conoció después de que la Comisión de la Cámara planteara un conflicto de competencias para definir cuál órgano debe adelantar las pesquisas sobre la presunta creación de grupos paramilitares en Antioquia, mencionando específicamente episodios relacionados con la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia del exmandatario. Según El Espectador, la apertura de la indagación surgió tras una denuncia ciudadana presentada el 3 de septiembre y fue asignada por sorteo al despacho del magistrado César Augusto Reyes. Actualmente, el caso pasaría a manos de la magistrada Susana Quiroz Hernández, tras la salida de Reyes.

El conflicto entre organismos estatales escaló tras una carta expedida por la Comisión de Acusación e Investigación, el 26 de agosto, en la que se solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo que el proceso contra Uribe, originado por acciones presuntamente relacionadas con el grupo paramilitar conocido como Bloque Metro, fuera asumido directamente por el Congreso. El texto, firmado por el presidente de la Comisión, Carlos Alberto Cuenca Chaux, argumenta que al tratarse de hechos ocurridos en 2003, periodo en el que Uribe gozaba de fuero constitucional como presidente (2002-2010), la investigación debería ser competencia del Congreso, en línea con las normas aplicables a quienes tienen condición de aforados.

Este debate jurídico aumenta su relevancia al considerar que el fuero de aforados implica que el presidente de la República, magistrados de altas cortes y el fiscal general solo pueden ser investigados por la Cámara y juzgados por la Corte Suprema de Justicia en delitos comunes. Así, la Comisión insistió en la remisión del expediente que la Fiscalía adelanta contra el exmandatario y, en caso de negativa, solicitó llevar el asunto a la Corte Constitucional para resolver el conflicto de competencias. Por su parte, el 18 de junio, el propio Uribe informó que la Fiscalía lo citó a rendir versión en indagatoria por posibles vínculos con las masacres de El Aro y La Granja, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, cuando era gobernador de Antioquia. La investigación apunta a presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, centrando gran parte de la atención pública y judicial en los hechos relacionados con la hacienda Guacharacas y el accionar de grupos armados en la región.

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¿Por qué la Comisión de Acusación quiere asumir la investigación contra Álvaro Uribe?

La Comisión de Acusación e Investigación argumentó que al tratarse de hechos supuestamente ocurridos durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez y teniendo en cuenta su fuero como aforado constitucional, corresponde al Congreso y no a la Fiscalía investigar estos hechos, de acuerdo con lo consignado en la carta enviada a la fiscal general y citada por El Espectador.

¿Qué significa el término “aforado” en el contexto de esta investigación?

En este caso, “aforado” se refiere a la condición especial de ciertos funcionarios públicos en Colombia, como el presidente, magistrados y fiscal general, quienes por ley solo pueden ser investigados por la Cámara de Representantes y juzgados por la Corte Suprema de Justicia en delitos comunes, según lo explicado por la Comisión en sus comunicaciones sobre el proceso contra Uribe.