Corte Suprema de Colombia ratifica condena y lanza dura advertencia ante abuso sexual infantil silencioso

En una decisión de profundo significado social y jurídico, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó la condena contra Edgar Fernando Ramírez Rivera, responsable de agredir sexualmente a su hijastra identificada como WSDC durante más de cinco años. Este fallo no solo confirma la responsabilidad del agresor, sino que también enfatiza, en palabras del magistrado Gerson Chaverra, ponente del caso, la urgencia de proteger a los niños, niñas y adolescentes, pues “una sociedad que ejecuta o tolera la violencia contra sus niños, niñas y adolescentes es una sociedad sin futuro y destinada al fracaso”, según lo reseña El Espectador.

El proceso judicial encuentra sus raíces en 2020, cuando WSDC, tras años de violencia y desamparo familiar, tomó la decisión de denunciar a su agresor. A pesar de las presiones de su madre para guardar silencio, la víctima recurrió a la justicia una vez logró separarse del círculo de violencia al haber formado su propio hogar lejos de la ciudad de Bucaramanga, específicamente en el barrio Girardot, donde ocurrieron los abusos entre 2006 y 2011. El apoyo recibido por parte de su pareja resultó fundamental para su denuncia, destacando el aislamiento y la falta de apoyo familiar como uno de los principales obstáculos para las víctimas de violencia sexual intrafamiliar.

El fallo de la Corte Suprema confirmó la determinación previa de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, que revocó una absolución de febrero de 2022 del Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto y dictaminó la culpabilidad de Ramírez Rivera por el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. La sentencia no solo describe los graves hechos, sino que expone el rol de la madre de la víctima, Piedad Díaz, quien intimidó a su hija y presenció en dos ocasiones los abusos cometidos por su pareja, sin tomar ninguna acción para detenerlos ni denunciar lo sucedido.

La Corte, en una resolución de 71 páginas, argumentó que Díaz optó conscientemente por encubrir los abusos, ejerciendo chantaje emocional sobre su hija y perpetuando un ambiente de silencio y culpabilidad para la menor. Estas circunstancias agravaron el sufrimiento de WSDC y evidenciaron la complejidad de los casos donde la familia, en vez de ser un espacio de protección, se transforma en un entorno hostil y permisivo ante la violencia.

El magistrado Chaverra concluyó que la familia, como base fundamental de la sociedad, debe garantizar un ambiente de solidaridad y resguardo para los menores, rechazando toda forma de hostilidad. El caso enfatiza la necesidad de que las instituciones, particularmente la justicia, estén dispuestas a escuchar y proteger a las víctimas, aunque los entornos inmediatos no lo hagan.

¿Por qué en muchos casos las víctimas de violencia sexual tardan años en denunciar a sus agresores?

El retraso en la denuncia de casos como el de WSDC responde a múltiples factores, entre ellos el temor a las represalias familiares, la presión emocional y el chantaje ejercidos por el entorno más cercano. Según la información del expediente citado por El Espectador, uno de los elementos que dificultó la denuncia fue la actitud de la madre, quien, lejos de brindar apoyo, intimidó y encubrió los hechos para proteger a su pareja.

Además, muchas víctimas enfrentan un sentimiento de culpa y aislamiento impuesto por los propios agresores y familiares que prefieren guardar silencio antes que exponer la violencia sufrida. Solo cuando logran independizarse o encontrar una red de apoyo significativa, como le ocurrió a la víctima al formar su propio hogar y recibir apoyo de su pareja, pueden sentir el respaldo y la fuerza necesarios para buscar justicia.