El panorama político y judicial en Colombia acaba de entrar en su punto de máxima ebullición. Este jueves, hacia las 10:00 de la mañana, investigadores de la policía judicial ingresaron al despacho de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, quien se desempeña como presidenta de la Comisión de de Investigación y Acusaciones. La sorpresiva diligencia fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia en medio del escándalo provocado por un auto en el que la congresista ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.
Arizabaleta enfrenta ahora una grave denuncia penal por el presunto delito de prevaricato por acción, una decisión que, de acuerdo con múltiples juristas y expertos legales, contraviene de manera directa el ordenamiento jurídico de la nación
Por reparto constitucional, el espinoso caso quedó en manos del magistrado Misael Rodríguez, quien no tardó en mover las fichas del proceso y ordenar la práctica de varias pruebas urgentes. Entre las determinaciones principales se destaca esta inspección judicial, cuyo objetivo principal es recaudar de forma inmediata todos los documentos, actas y el expediente completo relacionado con la suspensión de Petro.
Dicha documentación contiene el archivo sobre la presunta participación indebida en política del jefe de Estado, argumento que Arizabaleta utilizó como génesis para decretar la polémica medida cautelar.
La denuncia formal que desencadenó este terremoto judicial fue interpuesta por el exministro y actual miembro de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao. El exfuncionario sostiene con firmeza que la representante se arrogó una competencia de la cual carece por completo. Según la acusación:
-
Arizabaleta utilizó un auto de trámite para suspender al Presidente de la República hasta el próximo 21 de junio, fecha exacta en la que se cerrarán las urnas de la segunda vuelta presidencial.
-
La congresista optó por aplicar de manera directa las normas del Código General Disciplinario.
-
Al hacerlo, desconoció por completo el debido proceso constitucional previsto para el primer mandatario.
-
Henao recuerda que dicha facultad sancionatoria está reservada de forma exclusiva al Senado de la República, previa acusación formal de la Cámara de Representantes, por lo que una célula investigadora no puede adoptar un castigo de tal naturaleza.
El escándalo escaló a niveles internacionales luego de las explosivas declaraciones del propio presidente Gustavo Petro desde la sede de la ONU en Nueva York, donde calificó la orden de la congresista como un vulgar intento de chantaje. Debido a la gravedad de este señalamiento público, el magistrado Rodríguez también solicitó formalmente una declaración juramentada del jefe de Estado para que amplíe y sustente sus acusaciones.
Desde los Estados Unidos, Petro arremetió sin filtros contra Arizabaleta, a pesar de que la representante milita en su misma colectividad política:
“Les voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones que las hagan evidentes… Cuando lo vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no está ejerciendo su derecho de representación, sino actuando como una criminal, cometiendo un delito de extorsión, porque ha pedido cosas que yo no he querido conceder”.
Con la policía judicial revisando los archivos de la Comisión de Acusaciones y el Presidente citado a declarar bajo juramento, el país contiene el aliento ante un choque de trenes institucionales que podría redefinir el rumbo de la jornada electoral.