"Yo no sabía si me había intoxicado": Corte Constitucional ordena a magistrado Jorge Ibáñez rectificar graves declaraciones

Tú navegador no es compatible para reproducir este audio

La Sala Plena determinó que el alto funcionario vulneró derechos fundamentales al emitir cuestionamientos sin sustento sobre su expareja y su primogénito.

Un fallo unánime de la Sala Plena de la Corte Constitucional puso contra las cuerdas al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, tras ordenarles a él y a otras partes involucradas reconocer su responsabilidad por declaraciones sin fundamento que vulneraron los derechos a la honra, el buen nombre, la intimidad y a una vida libre de violencias de Yolanda Inés Robles Ramírez —madre de su hijo— y de su primogénito, Jorge Enrique Ibáñez Robles.

La decisión, adoptada en el marco de la sentencia SU-367 de 2026, resuelve la acción de tutela interpuesta a raíz de los contenidos publicados por el medio digital CasaMacondo en el marco del especial periodístico titulado Justicia huérfana: el hijo negado del presidente de la Corte Constitucional —artículo que incluía graves señalamientos y apartes como aquel en el que el magistrado expresaba: “Y yo me vi con ella, ella me invitó a tomarme un café y yo con mucho gusto fui. Era estudiante de la Javeriana y nos vimos como en la 48 o 49 y yo terminé perdido, al día siguiente salí en la calle y dije ‘miércoles, ¿yo dónde estoy?’. Yo no sabía si me había intoxicado”—.

Para el alto tribunal, dichas manifestaciones carecían de respaldo probatorio y causaron un daño directo a la dignidad de los accionantes. Por tal motivo, la providencia estableció que Ibáñez Najar dispone de un plazo improrrogable de tres días, contados a partir de la notificación, para redactar y entregar una rectificación bajo estrictos parámetros: deberá estar escrita en primera persona, asumir la autoría directa de las expresiones lesivas y carecer de contextualizaciones previas que desvíen el propósito correctivo. Asimismo, la Corte prohibió expresamente que el magistrado intente atribuir la afectación al medio de comunicación o cuestione los métodos de reportería utilizados por los periodistas de CasaMacondo.

Una vez elaborada, el documento deberá ser remitido al Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva y al portal investigativo, el cual tendrá un plazo idéntico de tres días para difundirla en su sitio web y redes sociales oficiales, garantizando un despliegue y un tiempo de permanencia equiparables a los del reportaje original. La corporación judicial advirtió que la obligación de publicación subsiste incluso si el medio decide retirar temporalmente el artículo investigativo.

Adicionalmente, el fallo exhortó a CasaMacondo para que permita a Yolanda Robles y a su hijo exponer su versión de los hechos si así lo solicitan, y ordenó a la Defensoría del Pueblo brindar acompañamiento y orientación especializada a la mujer para que acceda a las medidas de prevención y atención de violencias intrafamiliares contempladas en las leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008.