Corte Constitucional escucha argumentos a favor y en contra de 'paz total'; hay debate

La Corte Constitucional recibe los argumentos a favor y en contra de la llamada ley de ‘paz total’, con la que el gobierno de Gustavo Petro puede entablar diálogos con grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc. El encuentro se da en el marco de las múltiples demandas que han llegado al alto tribunal en contra de esta ley (2272 de 2022).

Los magistrados de la sala plena hicieron una ronda de preguntas a los intervinientes. Allí, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar pidió claridad al Gobierno sobre su discurso, pues “no hay congruencia” entre lo dicho por el comisionado de paz, Danilo Rueda, quien dijo que no es necesario que un grupo armado tenga carácter político para iniciar un proceso de paz; y el del ministro de Justicia, quien afirmó que la ley colombiana diferencia dos tipos de procesos: el de negociación con grupos políticos y el de sometimiento para grupos criminales.

Por su parte, el magistrado Antonio José Lizarazo preguntó a los miembros del Gobierno que si es que “ya no sirve el marco jurídico para la paz que sirvió para firmar el acuerdo de 2016″. El togado señaló que el comisionado Rueda repitió durante su intervención que el país vive un nuevo ciclo de violencia. Lizarazo cuestionó si es que lo hecho en 2016 ya no es aplicable para la nueva problemática que señala Rueda.

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Por la misma línea, Lizarazo lanzó otra pregunta: “¿Estamos ante un nuevo ciclo de violencia que el Gobierno quiere enfrentar sin reglas de juego?”. Según el magistrado, no es claro cómo el gobierno Petro enfrentará el nuevo problema si no es claro el marco jurídico que usará para buscar salidas al conflicto armado. “¿Estamos ante un nuevo ciclo de violencia que el Gobierno quiere enfrentar sin reglas de juego? ¿Cuál es el marco jurídico aplicable en este nuevo ciclo? ¿Las estructuras criminales de alto impacto que están iniciando conversaciones saben a qué atenerse, están sentadas para avanzar a un acuerdo de paz con tratamiento político o saben que se tienen que someter a la justicia penal ordinaria?”, expresó.

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, siempre ha insistido en que la Corte Constitucional debe tumbar la ley de paz total, y hoy no fue la excepción. La jefa del Ministerio Público expresó que “es posible que el Estado acuda al sometimiento, pero hay condiciones más exigentes”, también sostuvo que, a su parecer, “resulta extraña la participación del gobierno nacional en este escenario” teniendo actualmente otros mecanismos. El hecho se da en medio de polémica declaración sobre la reforma pensional.

Con la ley de paz total, asegura Cabello, “se diluyen las diferencias de uno y otro tipo de organización”. Para ella, la 2272 de 2022 no contempla que el tratamiento entre grupos con carácter político y otros grupos armados debe ser distinto, pues con los grupos políticos el trato es directamente con el Estado, mientras que con grupos criminales, debe ser con jueces de la República.

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De igual manera, Cabello expresó que la ley de paz total de Gustavo Petro pareciera permitir que “los disidentes que en su momento tuvieron tratos especiales en la JEP reciban nuevos beneficios típicos de las negociaciones de paz”, a pesar de haber incumplido los acuerdos. “No hay duda de que la ley de paz total carece de la especificidad mínima para cumplir con mandatos superiores y sus disposiciones deben someterse a escrutinio estricto”, dijo la procuradora, pidiendo nuevamente que se tumbe la norma.

“Existen límites. El límite principal es confundir la negociación política con un grupo armado rebelde que eventualmente puede terminar en un proceso de paz, y un esquema de justicia transicional con el proceso de acercamiento a estructuras armadas que carecen de dicho estatus: estructuras paramilitares, narcotraficantes y bandas de otro tipo, con el fin de lograr con el fin de lograr su sometimiento a la justicia ordinaria”, dijo en su intervención la vicefiscal Martha Mancera. Recientemente un expresidente de Colombia se refirió a las medidas de Petro en relación al TLC.

Asimismo, la representante de la Fiscalía reiteró que hay aspectos que la ley de paz total no deja totalmente claros. “Sin un marco legal de sometimiento, la suspensión de órdenes de captura a estructuras criminales sin estatus político puede maniata’ la acción penal de modo desproporcionado”. Según Mancera, no hay garantía de que quienes sean beneficiados en el marco de la ley 2272, comparezcan ante la justicia cuando sean requeridos.

En representación del gobierno Petro hablaron el comisionado para la paz, Danilo Rueda; y el ministro de Justicia, Néstor Osuna. En su intervención, Rueda señaló que la ley de paz total “no nace de un capricho político. Nace como consecuencia de los aprendizajes que nos han dejado los últimos procesos de paz”. De acuerdo con el comisionado de paz, en el pasado ha habido casos similares en los que se levantaron órdenes de captura para que personas pertenecientes a grupos armados negociaran con el Estado una salida del conflicto.

Danilo Rueda resaltó que con la ley de paz total se abre una ventana para ponerle punto final al conflicto armado, por una salida que no sea, precisamente, a través de las armas, si no a través del diálogo. También insiste que no hubo ningún vicio durante el trámite de la ley 2272 en su paso por el Congreso y que todos los requisitos se cumplieron a cabalidad.

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Por su parte, el ministro de Justicia manifestó que la ley de paz total es simplemente la prórroga de la llamada ley de orden público que se ha ido renovando cada cuatrienio para tener acercamientos con grupos armados. Adicionalmente, se refirió al concepto del Consejo Superior de Política Criminal y manifestó que no es necesario para cualquier ley del Estado, solo para aquellas que tiene que ver con la política criminal, con las de la búsqueda de paz, como, según el alto funcionario, lo es la ley de paz total de Gustavo Petro.

El ministro de Justicia sostuvo que en la ley de paz total es claro que posibles indultos y negociaciones con los grupos armados que tienen carácter político, mientras que con los que no lo tengan, solo será posible el sometimiento a la justicia. También dijo que “la figura de gestores de paz es anterior a la vigencia de la ley de paz total” y que los riesgos y beneficios, son iguales a los que han tenido gobiernos pasados, como el de Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos. Y, aunque algunos sean dejados en libertad, no quiere decir que no tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones judiciales.

“Esta nueva ley es de las pocas que se ajusta a la Constitución, porque le permite al presidente conducir una estrategia de pacificación total del país”, dijo Osuna, agregando que aunque considera que es posible tratar de mitigar el conflicto a través de la presión de la Fuerza Pública y la aplicación de la ley, considera que “la historia de Colombia ha demostrado que también es posible y necesarios estos acercamientos y ofertas de algún beneficio penal, para que se pueda llegar a ese anhelo de una paz completa”.

Los congresistas del Centro Democrático son quienes lideran las demandas en contra de la ley de paz total de Gustavo Petro. Cada uno ha presentado una demanda en la Corte para tumbar una de las mayores apuestas del Gobierno y apelan a vicios en el trámite.

Uscátegui, representante a la Cámara y uno de los ponentes de la ley de paz total en la Comisión Primera de la cámara baja, señaló en su intervención que vio de primera mano una supuesta omisión que hizo el Congreso a la hora de tramitar la ley 2272 de 2022. Según el congresista opositor del Gobierno, en ningún momento hubo concepto del Consejo Superior de Política Criminal, conformado por “los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal general, la procuradora general, el defensor del pueblo, ente otras personas”, señaló Uscátegui.

El opositor también dijo que cuando el trámite de la ley ya había terminado en el Congreso y el presidente estaba a punto de poner su firma, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, estaba pidiendo al Consejo Superior de Política Criminal que emitiera un concepto positivo. “Trató de falsificar un concepto Consejo Superior de Política Criminal”, manifestó el congresista del Centro Democrático.

La senadora María Fernanda Cabal, quien lidera otra de las demandas en contra de la ley de paz total presentada por ella y por las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín, se refirió también a la aparente omisión del Gobierno a la hora de contar con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal. Adicionalmente, la congresista del Centro Democrático sostuvo que la ley 2272 de 2022, durante su trámite por el Congreso, tuvo irregularidades, pues a pesar de que en comisiones constitucionales se eliminaron algunos artículos del proyecto original, comisiones accidentales los revivieron “sorpresivamente”, según ella.

Adicionalmente, Cabal manifestó que una parte del artículo quinto de la ley de paz total “es un disfraz de una amnistía y un indulto, para conceder libertades a procesados y condenados”. Para la senadora, esta parte del texto, que permite la libertad de algunas personas para la búsqueda de la paz, va en detrimento de los derechos de las víctimas.