Gobierno solicita intervención externa en San Andrés por presunta corrupción en contratación pública y control local

El gobierno de Abelardo de la Espriella movió fichas al solicitar la conformación de un grupo conjunto que intervenga de inmediato en San Andrés y profundice en las denuncias de presunta corrupción que han salido a la luz en el archipiélago. Según información dada por la secretaria de Transparencia, la exmagistrada Cristina Lombana, las investigaciones actuales no han sido eficaces y se necesita la presencia activa de los órganos de control para abordar la situación. De acuerdo con Lombana, la solicitud no responde a una desconfianza en los habitantes de San Andrés, sino a la preocupación por la influencia de redes corruptas que, según ella, han logrado intervenir en los mismos organismos encargados del control interno en la isla. Para evitar presiones y manipulaciones locales, planteó que la comisión conjunta opere desde Bogotá y maneje las investigaciones en conjunto, atendiendo el 'modus operandi' que, a su juicio, han utilizado los corruptos para apropiarse de los contratos públicos.

La funcionaria precisó que el llamado involucra a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, quienes deberían ejercer herramientas legales como el "poder preferente" y el "control excepcional", mecanismos previstos para situaciones en las que el control local resulta insuficiente. Lombana insistió en la necesidad de conformar un grupo especial de investigación que actúe fuera de la isla, recopile los diferentes hechos denunciados y les dé la celeridad que la comunidad y el país demandan. De acuerdo con sus declaraciones, existe un entramado donde la corrupción financia campañas electorales a cambio de favores en contratación pública, con el objetivo de apoderarse de las gobernaciones y alcaldías, desplazando el interés ciudadano por intereses particulares de grupos políticos y contratistas. Esta situación, en palabras de Lombana, concluye con la captura de los organismos de control, lo que impide el avance de las denuncias y cierra el ciclo de impunidad.

El anuncio de la Secretaría de Transparencia coincidió con la visita del presidente De la Espriella al archipiélago y su llamado de atención a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz (Partido Liberal) por supuestos manejos irregulares en contratación pública. El mandatario fue enfático en advertir que no permitirá actos irregulares y que actuará con firmeza. Tanto Ordóñez como Jay-Pang rechazaron cualquier nexo con hechos de corrupción y negaron movilizar a sus seguidores en contra de la intervención de la Superintendencia de Salud en el hospital departamental. Especialmente Jay-Pang solicitó al presidente que adelante cualquier investigación que considere necesaria y sostuvo que no existe evidencia que la relacione con las acusaciones.

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¿Por qué el gobierno solicitó la intervención de los órganos de control en San Andrés?

De acuerdo con lo explicado por la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, la solicitud al gobierno busca proteger las investigaciones sobre corrupción de presiones e influencias locales que, según se indica, han limitado el avance real de los procesos y han afectado la eficacia del control interno. El objetivo es centralizar las pesquisas en Bogotá para garantizar imparcialidad y reunir todos los hechos dispersos en un solo grupo especial.

¿Cómo funciona el ‘modus operandi’ de la corrupción en la contratación pública según el gobierno?

Según Lombana, el ‘modus operandi’ en San Andrés inicia con la financiación de campañas políticas a través de recursos obtenidos por actores corruptos, quienes luego aseguran contratos públicos como recompensa. Así, las gobernaciones y alcaldías terminan bajo control de estos grupos, quienes incluso logran injerencia en los órganos de control, frenando denuncias e investigaciones.