Ministerio de Justicia firma convenio para fortalecer Sistemas Locales de Justicia en 140 municipios de Colombia

El Ministerio de Justicia y del Derecho firmó el Convenio de Asociación 698-2026 con la Fundación Construyendo Tejido Social, un acuerdo encaminado a fortalecer e implementar los Sistemas Locales de Justicia (SLJ) en 14 departamentos y 140 municipios de Colombia, entre ellos Valledupar y otras cinco localidades del departamento del Cesar. Según la información oficial, el convenio contará con un valor total de $1.586.320.000, de los cuales $1.505.800.000 provienen del Ministerio y $80.520.000 son aportados por la fundación en especie, a través de actividades como asistencia técnica, capacitaciones, jornadas móviles y encuentros regionales. El plazo de ejecución de este esfuerzo interinstitucional se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2026.

La iniciativa busca “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros” para ofrecer respaldo metodológico y logístico a los Sistemas Locales de Justicia. La ficha técnica delimita cinco entregables principales: asistencia técnica en los municipios seleccionados, 70 procesos de capacitación, 14 jornadas móviles, cinco encuentros regionales y un informe final de gestión del conocimiento, que documentará aprendizajes y resultados obtenidos.

Valledupar es uno de los diez municipios priorizados para implementar el SLJ, lo que implica tareas como socializar la estrategia, conformar un comité local, elaborar diagnósticos de barreras de acceso y conflictividades, diseñar rutas de atención y establecer un plan de trabajo claro. El comité local debe estar presidido por el alcalde y contar con la participación de la Secretaría de Gobierno, la Personería, las comisarías de familia, las inspecciones de policía y otras entidades, y la Secretaría Técnica será responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. Se exigirá, además, diagnósticos territoriales, mapas de oferta institucional y sistemas de seguimiento y evaluación.

Cinco municipios de Cesar —Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego— entrarán en una fase de fortalecimiento de sus sistemas ya existentes. Sin embargo, el diagnóstico departamental, citado en los documentos, señala diferencias notables en su grado de activación institucional y respuesta operativa. Por ejemplo, en 2026, Becerril y La Jagua de Ibirico tenían evidencias de reuniones y acciones, mientras que en La Paz y Manaure Balcón del Cesar persisten dudas sobre el funcionamiento actual. San Diego está incluido en el programa, aunque los registros no aclaran el estado de su comité.

Los pagos del convenio están condicionados a productos verificables, como la aprobación de planes, capacitaciones y evidencias de ejecución. Este modelo promueve la rendición de cuentas y exige la presentación de actas, listados, informes y reportes financieros. Todo el proceso se desarrolla en un entorno de altos índices de criminalidad, según datos departamentales incluidos en el diagnóstico, que registran tasas superiores a las promedios nacionales en delitos como hurto y homicidio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los Sistemas Locales de Justicia y cómo funcionan en Cesar?

Los Sistemas Locales de Justicia no son entidades judiciales nuevas ni reemplazan a organismos como la Fiscalía o la Policía, sino que buscan articular estas instituciones con mecanismos comunitarios de resolución de conflictos, como conciliadores en equidad y jueces de paz. En Cesar, estos sistemas se conforman mediante comités presididos por el alcalde e integrados por instituciones locales y buscan garantizar un acceso más transparente, oportuno y coordinado a la justicia en contextos de alta conflictividad y criminalidad.

¿Cómo se establecen los pagos en el Convenio de Asociación 698-2026 para los Sistemas Locales de Justicia?

El esquema de pagos del Convenio 698-2026 entre el Ministerio de Justicia y la Fundación Construyendo Tejido Social está basado en la entrega de productos verificables. El primer pago cubre el 25 % tras la aprobación inicial de planes y equipos, el segundo 30 % después de asistencias técnicas y capacitaciones, otro 30 % por actividades consolidadas y el 15 % final tras la entrega total de informes, evidencia y reportes financieros, garantizando así un uso transparente y eficiente de los recursos.