Escándalo en familia de Verónica Alcocer: primo responde por millonarios contratos con camiones de la UNGRD

El ventilador encendido por las recientes declaraciones de la exasesora Eva Ferrer sigue sacudiendo al círculo cercano de la ex primera dama Verónica Alcocer. Mientras la defensa de Alcocer insiste en su disposición de colaborar con la justicia tras conocerse una indagación preliminar de la Fiscalía General de la Nación, nuevos nombres del entorno familiar han salido a la luz pública debido a millonarios contratos estatales. Uno de los involucrados es Santiago Rafael Alcocer Vélez, empresario del sector automotor y primo de la exprimera dama, quien respondió a los cuestionamientos sobre los convenios suscritos por su empresa Country Motors S.A. con distintas entidades del Estado, según informó El Tiempo. 

El nombre de Alcocer Vélez cobró notoriedad nacional a finales de 2024, cuando se reveló que Country Motors le vendió 40 vehículos a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral Yapurutú, los cuales posteriormente fueron adaptados y comercializados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por un valor de 29.000 millones de pesos. Ante estos señalamientos, el empresario aclaró que su compañía no firmó contratos directamente con la UNGRD, sino que suministró los automotores a proveedores externos de dicha entidad, recalcando además que colaboraron activamente con la Fiscalía para esclarecer los hechos. Cabe destacar que el exrepresentante de Yapurutú, Francisco Estupiñán, aceptó cargos en agosto por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos, de acuerdo con el citado medio. 

Adicionalmente, el historial contractual de Country Motors registra otros acuerdos comerciales con entidades públicas, tales como un contrato firmado en diciembre de 2025 por 849 millones de pesos con el Sena en su regional La Guajira, destinado a la adquisición de vehículos para el proyecto de restauración de aerobombas y acceso al agua en comunidades indígenas Wayúu. Asimismo, figura un contrato por 1.030 millones de pesos con la Gobernación de Bolívar en junio de 2024 para dotar de automotores a la Fuerza Pública, un acuerdo de mantenimiento preventivo con la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar en abril de 2024, y un convenio menor con la Alcaldía de Dibulla en agosto de 2023. Frente a estos procesos, Santiago Alcocer defendió la legalidad de sus operaciones, asegurando que participaron en licitaciones abiertas a través de la plataforma Secop II como parte de su actividad comercial habitual durante más de dos décadas.

“Sobre ese punto no tengo ninguna opinión e información al respecto. Ninguna autoridad me ha citado y no tienen por qué hacerlo”, sentenció Alcocer Vélez al desmarcarse de las acusaciones lanzadas por Eva Ferrer sobre supuestas redes de testaferrato y manejos irregulares en el entorno familiar. El empresario también descartó tener propiedades o residencia en Miami, y minimizó su relación con Carolina Plata, señalando que solo la vio una vez en un evento social en Cartagena. Mientras tanto, el panorama judicial se complica para otros implicados: Eva Ferrer acumula cuatro inasistencias a citaciones de la Fiscalía argumentando motivos de seguridad, el empresario catalán Manel Grau anunció demandas por injuria y calumnia, y el diputado Mario Fernández Alcocer prepara comunicados para desvirtuar supuestos financiamientos ilegales desde Venezuela, manteniendo abierto un pulso de alta tensión en los tribunales y la opinión pública