Sistema de salud colombiano en alerta: EPS intervenidas agravan crisis financiera y fallan en atención a usuarios

La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la preocupante situación financiera y operativa de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran bajo intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud. Según lo señalado por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, se detectaron serios riesgos que amenazan tanto la sostenibilidad del sistema de salud como la continuidad en la prestación de servicios médicos en el país. La advertencia surge tras un seguimiento detallado de la gestión y los indicadores de las EPS intervenidas, evidenciando que dichas entidades persisten en graves condiciones críticas.

El reporte de la Contraloría indica que, a pesar de las medidas adoptadas por la Superintendencia, las EPS intervenidas —entre las que se cuentan Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS— no muestran mejoras estructurales significativas. Por el contrario, mantienen o incluso agravan su deterioro financiero. Por ejemplo, para Nueva EPS, la Contraloría advirtió la ausencia de estados financieros certificados o dictaminados para los periodos 2024 y 2025, lo cual impide validar la información contable reportada. Adicionalmente, se identificó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes por legalizar.

El informe destaca también el aumento en el endeudamiento de estas entidades. Savia Salud, por ejemplo, vio cómo su indicador de endeudamiento se elevó de 4,41 a 11,73, y Famisanar pasó de 1,00 a 4,08, una cifra que la Contraloría considera crítica. En cuanto a Coosalud, se informó que los pasivos ascendieron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025. La situación patrimonial de Famisanar igualmente empeoró, registrando un patrimonio negativo que creció de $2,1 billones a $3,3 billones durante el periodo de intervención.

El reporte no sólo se centra en lo financiero, sino también en la atención a los usuarios y el cumplimiento de fallos judiciales. La Contraloría evidenció dificultades significativas en la entrega de medicamentos y en el cumplimiento de sentencias relacionadas con el derecho a la salud, particularmente fallos de tutela —un mecanismo judicial para proteger derechos fundamentales en Colombia—. Ninguna de las EPS intervenidas logró un cumplimiento total de tales fallos, siendo Emssanar la más rezagada, con apenas un 4,48% de cumplimiento.

En lo referente a la experiencia de los usuarios, el sistema de salud registró durante 2025 más de dos millones de peticiones, quejas y reclamos (PQR), un incremento del 27,4% frente a 2024. La mayor parte de las reclamaciones estuvo ligada a problemas en la entrega de medicamentos y demoras en la asignación de citas médicas. Nueva EPS se posicionó como la entidad con mayor número de casos, seguida por Salud Total y Sanitas. Según el informe del ente de control, la persistencia de estos problemas demuestra la ineficacia de las intervenciones implementadas hasta la fecha y representa una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la estabilidad financiera del sistema de salud colombiano.

Ante este panorama, la Contraloría anunció que reunirá la próxima semana a representantes de la Superintendencia Nacional de Salud y de las EPS intervenidas, con el objetivo de presentar los hallazgos encontrados y monitorear de cerca las decisiones y acciones que se tomen para mitigar los riesgos identificados.

¿Qué implica la intervención forzosa administrativa a una EPS?

La pregunta sobre el significado e impacto de la intervención forzosa administrativa resulta clave en el contexto actual del sistema de salud colombiano, dada la relevancia que adquiere este procedimiento en la gestión de crisis financieras y de prestación de servicios por parte de las Entidades Promotoras de Salud. El procedimiento, según se desprende del informe, es implementado por la Superintendencia Nacional de Salud cuando se detectan graves irregularidades o riesgos para la estabilidad financiera y la garantía del derecho a la salud.

La intervención busca corregir problemas estructurales y evitar la interrupción de los servicios médicos a los usuarios. Sin embargo, según el seguimiento de la Contraloría, en las entidades bajo este régimen no se han logrado mejoras sustanciales, y persisten graves dificultades financieras y operativas. El hecho de que ninguna de las EPS intervenidas haya cumplido plenamente con órdenes judiciales ni haya logrado estabilizar sus indicadores evidencia la complejidad de esta medida y la importancia de revisar su eficacia dentro del sistema de salud colombiano.