Gobierno colombiano plantea reforma para agilizar la consulta previa en proyectos de infraestructura

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara una transformación profunda en los procedimientos relacionados con la consulta previa, herramienta central en proyectos de infraestructura de gran escala. Bajo el liderazgo del ministro del Interior, Rodrigo Lara, se han anunciado medidas para optimizar estos procesos sin menoscabar los derechos de las comunidades, buscando agilidad sin sacrificar el respeto a los lineamientos legales. Lara afirmó: “La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, dejando clara la postura gubernamental de proteger los derechos fundamentales consagrados en normas internacionales y nacionales, pero aplicando eficiencia en los trámites.

De acuerdo con reportes de El Espectador, el ajuste contempla la posibilidad de avanzar paralelamente en la obtención de licencias ambientales y otros permisos, mientras se lleva a cabo la consulta previa con las comunidades potencialmente afectadas por las obras. Así, se procura evitar demoras injustificadas que pueden frenar el desarrollo de proyectos clave. Lara resaltó que el objetivo es lograr, en apenas 90 días, una reducción notable del represamiento de expedientes, junto con decisiones y cierres oportunos en los procesos. Para ello, se viene preparando una directiva presidencial y un proyecto de ley que brinden seguridad jurídica, transparencia y definición de responsabilidades.

El nuevo modelo propuesto incluye digitalizar la totalidad de los expedientes represados, establecer una ventanilla única digital y definir un responsable y una fecha de cierre para cada proceso. Además, se implementarán sistemas de alerta, indicadores de avance y un tablero nacional de control, sumados a un comité independiente de seguimiento —sin autoridad decisoria— que supervise el cumplimiento de los protocolos.

Se aclara que la consulta previa sigue respaldada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución de 1991 y la Ley 21 que regula su aplicación en Colombia; ninguna de estas bases será tocada. Uno de los principales cambios será eliminar el test de proporcionalidad, con el fin de que, una vez agotado el procedimiento, la autoridad pueda decidir con la documentación existente y se evite el retraso en pasos adicionales sin término definido.

El vicepresidente José Manuel Restrepo apoya esta reforma y resalta la importancia de fortalecer la confianza inversionista sin descuidar la protección de las comunidades. Sin embargo, hay sectores que advierten sobre el posible debilitamiento de derechos con los nuevos ajustes.

¿Qué cambios propone el Gobierno en los procesos de consulta previa en Colombia?

El Gobierno plantea digitalizar expedientes, tramitar de manera paralela ciertas diligencias legales y eliminar etapas como el test de proporcionalidad, enfocándose en agilizar los tiempos y en implementar un tablero de control nacional, pero sin modificar la esencia del derecho, según lo señalado por el ministro del Interior y reportes de El Espectador.

¿Por qué algunos sectores advierten sobre riesgos a los derechos de las comunidades con estas reformas?

Varias voces consideran que las modificaciones podrían, indirectamente, debilitar las garantías para las comunidades que la consulta previa protege, especialmente si los procesos buscan rapidez sin atender a profundidad el diálogo y la concertación, aunque las autoridades insisten en el respeto por los marcos legales vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.