El Congreso de la República eligió en la mañana del martes 8 de abril a Álvaro Echeverry como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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La decisión fue respaldada por 141 votos en la Cámara de Representantes y 64 en el Senado, lo que consolidó su nombramiento con un amplio apoyo legislativo. Esta votación refleja una alineación mayoritaria entre diversas bancadas políticas, con excepción de los partidos de oposición, que respaldaron al candidato alterno, Plinio Alarcón. Este último obtuvo 29 votos en la Cámara y 21 en el Senado.

La elección de Echeverry se da en un contexto político sensible, y su designación ha generado reacciones encontradas en distintos sectores del espectro político. El nuevo magistrado ha estado vinculado al Gobierno actual y es identificado como una figura cercana al petrismo.

Durante su intervención posterior a la elección, Echeverry agradeció el respaldo de los congresistas y expresó su compromiso de ejercer el cargo con transparencia, haciendo énfasis en la responsabilidad institucional que asume al integrar un órgano clave en el sistema democrático.

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¿Por qué es cuestionada la elección de Echeverry en el CNE?

Sin embargo, esta designación ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la oposición. Diversos sectores críticos del Gobierno del presidente Gustavo Petro consideran que la elección de Echeverry podría comprometer la imparcialidad del CNE en decisiones de alto impacto político. Entre las principales preocupaciones expuestas por la oposición, se destaca la posible pérdida de equilibrios en la toma de decisiones dentro del organismo electoral, lo que, a su juicio, podría debilitar el control institucional sobre asuntos sensibles.

Uno de los temas más mencionados en este contexto es la investigación en curso sobre una presunta financiación irregular en la campaña presidencial de Petro.

Esta investigación involucra directamente a Nicolás Petro, hijo del mandatario, quien actualmente enfrenta un proceso judicial, pero también a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien no se ha presentado ante el CNE para dar su versión que lo involucra en esta investigación.

La oposición advierte que el nombramiento de un magistrado identificado con el oficialismo podría interferir en la autonomía con la que deben abordarse investigaciones de esta naturaleza.

Actualmente, Álvaro Echeverry se desempeña como director de Consulta Previa en el Ministerio del Interior, cargo desde el cual ha mantenido una postura alineada con las directrices del Gobierno. Este antecedente ha sido utilizado por sectores opositores como argumento para señalar un posible conflicto de interés.

Ante esta situación, han solicitado garantías de independencia en el ejercicio del cargo, insistiendo en que la labor del nuevo magistrado debe estar guiada por criterios jurídicos y no por afinidades políticas.