"Paz total" de Petro recibe nuevo golpe; Consejo de Estado da estocada a diálogos con 'Segunda Marquetalia'

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El alto tribunal frenó de manera provisional la resolución que abrió la mesa de paz al considerar que esa estructura no tiene estatus político para negociar.

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la resolución con la que el Gobierno nacional autorizó la instalación de una mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia, al considerar que esa estructura no puede ser tratada como un grupo armado con estatus político para adelantar negociaciones de paz.

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La decisión, que se mantendrá mientras avanza el estudio de fondo de una demanda contra la Resolución 064 de 2024, concluye de forma preliminar que esa organización debe ser considerada una estructura armada organizada de crimen de alto impacto y, por tanto, el camino jurídico aplicable sería el sometimiento a la justicia y no una negociación política.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió la mesa con la Segunda Marquetalia?

En el auto, el alto tribunal explicó que la Ley 2272 de 2022 distingue entre los grupos armados organizados al margen de la ley, con los que pueden adelantarse negociaciones de paz, y las estructuras criminales de alto impacto, frente a las cuales únicamente proceden mecanismos de sometimiento y desmantelamiento.

Según el Consejo de Estado, la Segunda Marquetalia está integrada por excombatientes de las antiguas Farc que retomaron las armas después de la firma del Acuerdo Final de Paz, razón por la cual no puede recibir el tratamiento jurídico previsto para organizaciones con estatus político.

Con ese análisis preliminar, el despacho del magistrado Carlos Fernando Mantilla concluyó que la resolución expedida por el Gobierno podría contrariar lo establecido en la Ley 2272.

Gobierno defendió la legalidad de la resolución

Durante el trámite de la medida cautelar, la Presidencia solicitó que no se suspendiera la resolución y defendió la interpretación adoptada para desarrollar la política de paz total.

El Gobierno argumentó que, debido a la prolongación del conflicto armado en Colombia, varios grupos ilegales cuentan entre sus integrantes con excombatientes que firmaron acuerdos de paz y posteriormente reincidieron en actividades delictivas.

Según esa posición, considerar que la sola presencia de antiguos miembros de las Farc convierte automáticamente a una organización en una estructura criminal impediría, en la práctica, aplicar los mecanismos de negociación previstos en la Ley 2272.

La decisión es provisional mientras se estudia la demanda

Pese a esos argumentos, el Consejo de Estado mantuvo la suspensión provisional de la resolución.

El tribunal aclaró que la medida no anticipa el fallo definitivo sobre la legalidad del acto administrativo, sino que busca evitar sus efectos mientras se resuelve la demanda.

No obstante, reiteró que la legislación vigente sí permite al Gobierno adelantar estrategias para lograr el sometimiento y el desmantelamiento de la Segunda Marquetalia, aunque no habilita, de manera preliminar, la instalación de una mesa de negociación política con esa organización.