Consecuencias legales para un inquilino que se pase de listo y no pague servicios públicos

Según la Ley 820 de 2003, los contratos de arrendamiento tienen mérito ejecutivo, lo que implica que, en caso de incumplimiento, como el no pago de los servicios públicos, el propietario puede iniciar una demanda.

(Vea también: Qué tipos de contrato de arriendo para vivienda hay en Colombia; se puede sacar provecho)

El mérito ejecutivo permite al arrendador reclamar judicialmente los pagos pendientes y también el cobro de una cláusula penal, que suele estar incluida en el contrato de arriendo.

Esta cláusula penal establece una multa o sanción económica que el inquilino debe pagar si incurre en incumplimiento, proporcionando así una protección adicional para el propietario.

Muchos especialistas en la materia sugieren añadir una cláusula penal en el contrato, ya que proporciona una protección adicional al propietario en casos donde el inquilino deja la propiedad con deudas pendientes.

Esta cláusula no solo facilita la recuperación de las cantidades adeudadas, sino que también impone una sanción económica extra, lo que motiva al inquilino a cumplir con sus obligaciones contractuales.

Qué consecuencias legales enfrenta  un inquilino si no paga los servicios públicos

Cuando un inquilino deja la propiedad sin pagar los servicios públicos, no solo está incumpliendo el contrato, sino que también puede enfrentar graves consecuencias legales como las siguientes:

• El propietario puede presentar una demanda por incumplimiento y solicitar al juez el pago de las sumas adeudadas más la cláusula penal estipulada.
• En casos persistentes de incumplimiento, el inquilino podría enfrentar embargos de bienes o cuentas bancarias como parte del proceso judicial.

Este marco legal subraya la importancia de tener un contrato de arrendamiento claro y detallado. Un buen contrato debe especificar todas las obligaciones del inquilino, incluyendo el pago de servicios públicos, y las condiciones para la devolución de la propiedad.

Tener estos aspectos bien definidos ayuda a evitar disputas y asegura que ambas partes entiendan sus derechos y responsabilidades, minimizando el riesgo de conflictos legales.