Motilón barí: la lucha indígena que desafía la violencia y el abandono en el conflictivo Catatumbo

El conflicto armado en el Catatumbo, al norte de Colombia, se ha intensificado en los meses recientes, producto de la confrontación territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Esta disputa ha afectado de manera crítica a las comunidades indígenas, especialmente al pueblo motilón barí, quienes han tenido que asumir un papel protagónico en la defensa de sus derechos. En un acto significativo, miembros del pueblo barí, acompañados por la Guardia Indígena, emprendieron una larga caminata desde sus resguardos hasta la ciudad de Cúcuta para manifestar, frente a la Gobernación de Norte de Santander, la urgencia de cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que ordena la delimitación, saneamiento y ampliación de sus territorios, según informó Crónica del Quindío.

Juan Titira, líder de esta comunidad, ha señalado el abandono del Estado en materias que trascienden el ámbito territorial. Denunció incumplimientos en garantías de paz, seguridad, salud, educación y la protección del legado cultural y ecológico del Catatumbo. Por su parte, Alexander Dora, otro referente indígena, resaltó que estas exigencias son la continuación de una lucha histórica por recuperar el territorio, vital tanto para la identidad cultural como para la supervivencia física de los barí, quienes habitan la Serranía de los Motilones, entre Colombia y Venezuela.

El impacto del conflicto reciente es devastador: solo entre enero y marzo de 2025 se reportaron aproximadamente 100 muertes y cerca de 60.000 personas desplazadas, en gran parte debido a la ofensiva del ELN contra el Frente 33 de las FARC. Este escenario ha convertido al Catatumbo en un punto estratégico para grupos ilegales que explotan la región, vulnerando los derechos de las comunidades indígenas. Además, la deforestación y la ausencia de consulta previa —exigida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— agravan la crisis ambiental y social, como ha documentado Crónica del Quindío.

La Guardia Indígena, fácilmente identificable por sus chalecos verdes y bastones de mando, representa la resistencia y la organización comunitaria frente a la violencia y el abandono estatal. Esta dinámica no se limita al Catatumbo, sino que refleja una tendencia nacional donde los pueblos indígenas exigen reconocimiento y protección, según informes de Human Rights Watch (HRW) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Las autoridades locales han respondido con compromisos públicos. El gobernador William Villamizar ha destacado avances en programas de educación, salud y alimentación escolar, pero organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que se requieren acciones integrales. Tales políticas deberán abordar tanto la violencia armada como la restauración de las condiciones sociales y ecológicas de la región, según HRW.

En el trasfondo de este conflicto, la resistencia del pueblo motilón barí refleja siglos de enfrentamiento ante la violencia estatal, paramilitar y extractiva. El reciente éxodo forzado y las manifestaciones en Cúcuta evidencian las fallas históricas del gobierno en proteger a estas comunidades y tutelar sus derechos. Así lo señala Revista Nexos, que destaca la persistencia del control territorial por parte de actores armados y económicos informales en ausencia del Estado.

De cara al futuro próximo, la vigilancia nacional e internacional debe enfocarse en que la sentencia de la Corte Constitucional Colombia se cumpla de manera efectiva y se respeten los derechos de los pueblos indígenas. El trabajo conjunto entre comunidades, sociedad civil y organismos internacionales resulta indispensable para frenar nuevos desplazamientos y construir condiciones de paz en el Catatumbo, un territorio clave por su valor ambiental, estratégico y cultural en la frontera colombo-venezolana.

El reclamo del pueblo motilón barí, por tanto, no corresponde únicamente a una reivindicación legal, sino que representa un llamado urgente a repensar el modelo de desarrollo, inclusión y paz, donde el respeto y la protección del territorio indígena son inseparables de la justicia social y ecológica en Colombia.

¿En qué consiste el Convenio 169 de la OIT y por qué es fundamental para los pueblos indígenas? El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una norma internacional ratificada por Colombia que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las decisiones que afectan sus territorios y modos de vida. Su aplicación resulta fundamental en el contexto del Catatumbo porque establece la obligación estatal de dialogar y acordar con las comunidades indígenas cualquier política, proyecto o actividad que impacte sus tierras, garantizando así su papel activo en la defensa de sus derechos ante amenazas externas o factores de desarrollo que puedan poner en riesgo su supervivencia cultural y física.

¿Cuál es el papel histórico de la Guardia Indígena en la protección de los territorios? La Guardia Indígena es una organización autónoma y comunitaria surgida como respuesta a la violencia y la marginalización histórica sufrida por los pueblos originarios en Colombia. Su función principal es la defensa no armada del territorio, la vida y la cultura, a través de la vigilancia, el acompañamiento de comunidades y la mediación frente a actores armados e institucionales. La visibilidad de la Guardia Indígena en el Catatumbo simboliza la autonomía y el esfuerzo por preservar el control territorial indígena, y se ha convertido en un referente de resistencia pacífica en todo el país, según informes de la ONIC y HRW.