El encierro invisible: así viven miles de chocoanos atrapados por la violencia y el olvido estatal

El confinamiento se ha consolidado como una de las consecuencias más graves e invisibilizadas para la población de Chocó, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, afecta de manera sistemática a miles de personas como Rodrigo Martínez, líder social que, a sus 44 años, ya perdió la cuenta de las veces que ha debido encerrarse en su propia casa para resguardar su vida. La dinámica del conflicto armado ha impuesto una rutina de encierro donde la seguridad solo parece encontrarse tras una puerta trancada.

Los números no dejan dudas: en 2025 Chocó registró el mayor número de víctimas de confinamiento en Colombia, con un total de 23.645 personas –6.583 familias– forzadas al encierro. Solamente en los primeros dos meses del año, casi dos mil personas vivieron esta situación en el departamento, lo que representó el 8,3 % del total anual. Rodrigo, como representante legal de la Asociación Colectivo Cimarronaje Chocó, relata a Colombia+20 que cerca del 70 % de las comunidades en la región viven confinadas la mayor parte del tiempo, especialmente cuando ocurren paros armados.

Un ejemplo reciente fue el paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Bajo Baudó el 18 de marzo, que durante seis días mantuvo a más de 6.000 personas sin posibilidad de moverse. El padre Jesús Albeiro Parra Solís, dedicado a la defensa de los derechos humanos en el departamento, califica este tipo de encierro como “humillante” y “totalmente invisibilizado”, pues se convierte en una situación normalizada incluso para quienes la padecen.

Las causas del confinamiento se extienden más allá de los anuncios de paros armados del ELN. El Clan del Golfo también ha incrementado su presencia y control territorial, generando temor de quedar atrapados en disputas armadas. Según declaraciones recogidas por El Espectador, tanto el Bajo Atrato, el Atrato, y cabeceras municipales como Quibdó o Istmina, han sido escenarios de estas dinámicas violentas.

La Defensoría del Pueblo advierte que a estas confrontaciones se suman amenazas adicionales: reclutamiento de menores, ataques con minas antipersona, pérdida de bienes, incursiones y actos terroristas. Especialmente preocupante es la proliferación de minas; Rodrigo Martínez, él mismo víctima de estos artefactos, lamenta que el miedo a salir y enfrentarse a una mina se convierta en una condena cotidiana para comunidades enteras. La ayuda oficial suele ser insuficiente y muchas familias optan por arriesgarse nuevamente, ya que la escasez de alimentos obliga a salir pese al peligro.

La decisión de no desplazarse fuera del territorio obedece, en muchos casos, al profundo arraigo con la tierra y a la certeza de que migrar solo produce mayor miseria y desarraigo. Sin embargo, el costo de quedarse es elevado: el confinamiento paraliza la vida productiva, el acceso a la educación y la cohesión comunitaria. El padre Parra advierte sobre el impacto psicológico devastador, reflejado en desconfianza social, aumento de la agresividad y crisis de salud mental que, según monseñor Mario de Jesús Álvarez, ha conducido a estados de desesperanza e incluso a suicidios en la poblacion chocoana.

Ante este drama persistente y silenciado, la exigencia de que el Estado no olvide a las víctimas sigue vigente: las comunidades de Chocó necesitan más que una ayuda puntual; requieren presencia real y soluciones para romper el cerco de la violencia y el olvido.

¿Por qué el confinamiento es considerado una forma de violencia silenciosa?
La cuestión sobre la naturaleza silenciosa del confinamiento en Chocó surge ante la aparente “normalización” del encierro obligado como única salida frente al conflicto armado. El término describe las restricciones de movilidad que afectan a miles de personas y que rara vez figuran en titulares o llaman la atención pública nacional, como sí lo hacen otras formas de violencia más visibles. Entender esto es fundamental para dimensionar la magnitud del daño ocasionado en la estructura social y emocional de las comunidades.

La invisibilización del confinamiento significa que muchas de las afectaciones –pérdida de acceso a servicios básicos, rupturas familiares, daños a la salud mental– no son reconocidas, registradas ni enfrentadas por políticas públicas robustas. El silencio que envuelve estos hechos perpetúa el sufrimiento sin que se generen acciones suficientes para contrarrestarlo o repararlo, lo que evidencia la urgencia de reconocer al confinamiento como una grave forma de violencia armada y social.