Condenaron a 12 años de prisión a excongresista uribista por exigir parte del salario a sus colaboradores

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La sentencia también incluye una millonaria multa de 500 salarios mínimos e inhabilidad contra la exrepresentante a la Cámara para ejercer cargos públicos.

La Corte Suprema de Justicia condenó a la exrepresentante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez, del Centro Democrático, a 12 años y un día de prisión tras encontrarla responsable del delito de concusión continuada por exigir parte del salario a varios integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). El alto tribunal concluyó que la excongresista aprovechó su cargo para obtener beneficios económicos indebidos mediante el cobro sistemático de los llamados “retornos”.

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La investigación determinó que, durante el periodo en el que ejerció como congresista, al menos cinco funcionarias de su equipo debían entregar mensualmente un porcentaje de su salario para conservar sus cargos. Según la Corte, estas exigencias se realizaron de manera reiterada y con el apoyo de algunos de sus colaboradores, configurando una conducta que atentó contra la administración pública.

También deberá pagar una millonaria multa

La sentencia no solo contempla la pena privativa de la libertad. La Corte también impuso a Cabello una multa equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 116 meses y la obligación de reparar económicamente a las víctimas.

“Se aprovechó de la investidura y de las facultades propias de su cargo para exigir beneficios económicos a sus subalternos”, señala la decisión de la Corte Suprema, al explicar las razones de la condena.

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El alto tribunal también ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si, además de la concusión, existieron otros posibles delitos relacionados con los hechos, entre ellos enriquecimiento ilícito y amenazas contra las personas involucradas en el caso.

La decisión representa uno de los fallos más severos conocidos recientemente contra un exintegrante del Congreso por prácticas de cobro de “retornos” a funcionarios de las UTL, una modalidad de corrupción que ha sido objeto de múltiples investigaciones en los últimos años y frente a la cual la Corte reiteró que no habrá tolerancia.