Cartel de la toga: Capturan y condenan al exmagistrado Bustos; Corte pide extinción de sus bienes por corrupción

La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, encontrándolo culpable por los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para delinquir. Según la información presentada por El Espectador, este fallo determinó una pena de 123 meses y un día de prisión para Bustos, junto con la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo y una multa de 133 millones de pesos colombianos. Además, la Corte giró una orden de captura contra el exmagistrado, quien se encuentra prófugo, solicitando a Interpol activar una notificación roja, lo que lo coloca en la lista internacional de buscados por las autoridades.

Este caso tiene relación directa con el escándalo del llamado cartel de la toga, revelado en 2017, en el cual se manipularon procesos judiciales en el máximo órgano de la jurisdicción penal ordinaria a cambio de sumas de dinero. Las declaraciones y confesiones del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, resultaron decisivas para fijar la responsabilidad tanto de Bustos Martínez como de otros exmagistrados ya condenados, como Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino. Todo ello expuso cómo la corrupción logró penetrar profundamente las estructuras judiciales.

La Corte solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar si procede la extinción de dominio sobre los bienes del exmagistrado Bustos, ante la existencia de pruebas de su pertenencia a una organización criminal estructurada dentro del aparato judicial. Igualmente, se compulsaron copias para abrir nuevos procesos por presuntos actos de corrupción relacionados con expedientes de exfuncionarios públicos como el excongresista Julio Gallardo Archbold y el exgobernador Alejandro Lyons, lo que amplía el espectro de la investigación y demuestra la ramificación del entramado criminal.

Bustos, oriundo de Ibagué y dos veces presidente de la Corte Suprema, figuró durante años como uno de los referentes de la rama judicial en Colombia. El tribunal verificó que Bustos concertó acciones con abogados litigantes y otros exmagistrados para incidir ilegalmente en procesos como los de los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes buscaron amparo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pero sin éxito. Según el fallo, Bustos obstruyó órdenes de captura y favoreció decisiones judiciales a cambio de sobornos.

El fuero del exmagistrado obligó a que la investigación pasara primero por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y luego por el Senado de la República, antes de que finalmente llegara a la Corte Suprema de Justicia, que, tras años de proceso, dictó su fallo en primera instancia. Esta sentencia subrayó el profundo daño reputacional causado a la justicia colombiana y, en particular, a la Corte Suprema, por las acciones corruptas coordinadas desde dentro mismo de la institución.

El alto tribunal ordenó, como medida de restablecimiento, que Bustos publique un resumen de su caso y condena en medios de comunicación, bajo aprobación de la Sala, con el objetivo de restituir, al menos de manera simbólica, el derecho de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y enviar un mensaje contra la impunidad. El proceso evidenció cómo una organización ilícita, denominada por los medios como cartel de la toga, logró imponer sus intereses y corromper la administración de justicia entre 2013 y 2017. Bustos fue absuelto únicamente del delito de tráfico de influencias, pero el fallo dejó claro el alcance de la red criminal en el máximo nivel de la justicia penal colombiana.

¿Qué implica la extinción de dominio sobre los bienes de una persona investigada por corrupción?

La Corte Suprema de Justicia propuso a la Fiscalía General la investigación de la procedencia de la extinción de dominio sobre los bienes del exmagistrado José Leonidas Bustos. La extinción de dominio se refiere a la posibilidad de que el Estado recupere activos que han sido adquiridos directa o indirectamente por medios ilegales, como resultado de hechos de corrupción, narcotráfico u otros delitos contemplados en la legislación colombiana.

La relevancia de esta figura jurídica radica en su carácter preventivo y sancionatorio frente a la corrupción, permitiendo al Estado privar al implicado de la posesión de bienes ligados a actividades ilícitas, aunque no exista condena penal en firme. Dicha investigación actuaría como medida complementaria a las sanciones penales, con el propósito de debilitar financieramente a las organizaciones criminales y restituir parte de los daños ocasionados al erario público.