Indígenas de la Sierra Nevada rechazan fallo sobre la “Línea Negra” y advierten riesgo ambiental y cultural

El Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada (CTC-SNSM), junto con Gonawindua Tayrona y la Confederación Indígena Tayrona, manifestó su rechazo categórico frente a la sentencia del Consejo de Estado emitida el 12 de febrero, la cual anuló el Decreto 1500 de 2018. Mediante un comunicado divulgado el 19 de febrero, las organizaciones resaltaron que la resolución judicial no puede deslegitimar la importancia de la “Línea Negra” ni el derecho de los pueblos indígenas sobre su territorio ancestral. En el pronunciamiento, solicitan una reunión urgente con el presidente Gustavo Petro para abordar de manera directa esta problemática, poniendo en el centro la preocupación sobre el riesgo que implica dicho fallo para la permanencia y el equilibrio de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La “Línea Negra”, según el comunicado respaldado por estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y jurisprudencia constitucional como el Auto 189/2013, es mucho más que un límite territorial. Se trata de un principio fundamental que estructura el universo espiritual, natural y cultural de los pueblos originarios de la Sierra. Dentro de ella, los 348 sitios sagrados constituyen una red que garantiza la protección del agua, la biodiversidad y los vínculos entre humanos, ecosistemas y seres espirituales. El significado de la Línea Negra ha sido reconocido tanto en investigación científica como en fallos constitucionales.

La nulidad del decreto deja en situación vulnerable a 25 municipios de la región, incluidos territorios claves de los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena. Esta decisión, además de afectar resguardos indígenas Wayuu y comunidades afrodescendientes, expone la zona al avance de proyectos mineros, turísticos y de infraestructura que se alejarían de estándares internacionales y compromisos climáticos y étnicos. Localidades como Valledupar, Riohacha y Santa Marta quedarían directamente involucradas en estas nuevas disputas territoriales, según los datos expuestos en el comunicado.

Voceros indígenas, citados en el texto, señalaron de forma contundente que el fallo pone en entredicho no sólo el derecho a existir de los pueblos indígenas, sino la posibilidad de mantener la armonía entre las comunidades y la naturaleza. En palabras de un líder kogui, “la Sierra no es sólo montaña: es un ser vivo” y la decisión de la justicia irrumpe ese delicado balance, acentuando la tensión histórica entre las visiones de desarrollo económico y la preservación de lo sagrado.

Ante este panorama, los cabildos instan al gobierno nacional a cumplir su responsabilidad constitucional, convocando una reunión con las autoridades tradicionales y garantizando la protección efectiva del territorio y la cultura indígenas. Asimismo, hacen un llamado de unidad a organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), exhortando a la sociedad global a reconocer que salvaguardar la Línea Negra implica proteger factores esenciales como el agua, el clima y la paz.

Finalmente, el comunicado identifica a Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, abogado y actual viceministro de Promoción de la Justicia, como el autor de la demanda que resultó en la nulidad del decreto. Su actual posición dentro del Ministerio de Justicia ha provocado cuestionamientos por parte de los pueblos originarios sobre la posible existencia de un conflicto de intereses, dada la aparente contradicción entre las acciones promovidas y los discursos gubernamentales en defensa de los territorios ancestrales.

¿Por qué la Línea Negra genera tanta controversia entre las comunidades indígenas y los sectores económicos?

El debate sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta surge porque representa tanto un límite físico y espiritual para los pueblos indígenas, como un obstáculo directo para proyectos de explotación de recursos. Para las comunidades originarias, su respeto es indispensable para su cosmovisión y supervivencia, mientras que diversos intereses económicos lo ven como una barrera para actividades mineras, turísticas o de infraestructura. Esta tensión coloca al centro la discusión sobre el modelo de desarrollo que debe imperar en los territorios ancestrales, un modelo que debe equilibrarse con los derechos reconocidos por la Constitución y la jurisprudencia colombiana.

El reciente fallo evidenció esas tensiones, pues al anular la protección legal de la Línea Negra, muchos sectores vieron una oportunidad para avanzar en sus proyectos, mientras que los pueblos indígenas interpretaron la decisión como una amenaza a su existencia y al equilibrio ambiental de la Sierra. La controversia refleja así la compleja convivencia entre visiones de desarrollo distintas: una ligada a la integridad espiritual y cultural de los territorios, la otra orientada a la explotación económica. Este dilema continúa siendo uno de los principales desafíos para la política ambiental y étnica en Colombia.