Cesar, una de las zonas más golpeadas por el conflicto, según la Comisión de la Verdad

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición escuchó a líderes sindicales, sobrevivientes y víctimas del conflicto armado de la zona y consignó estas historias en su informe.

“Casi todos los que hicimos denuncia en esa época, cantidad de gente, pues todos fueron masacrados, asesinados, desaparecidos [sic]”, expresó el sobreviviente de un atentado en el municipio de Aguachica a finales de 1993.

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¿Qué es un atentado?

La Comisión ha señalado que los atentados contra la vida “son en realidad un asesinato fallido o no consumado, donde muchas personas quedaron heridas e incluso algunas resultaron ilesas, pero con una fuerte y larga afectación posterior”. 

En el marco del conflicto armado, muchos de los casos nunca fueron denunciados por los sobrevivientes.

Así como en otro tipo de delitos, llevar a cabo estos ataques requiere de planeación previa y disponibilidad de recursos orientados a la ejecución de las personas, precisa.

“Perpetrar un atentado requiere conocer a la víctima y sus rutinas, acciones de inteligencia o seguimientos” que han estado direccionados, principalmente, a defensores de derechos humanos y líderes políticos según hallazgos de la organización.

A pesar de que el informe citado habla de la época más violenta de la guerra interna en Colombia, el Ejército Nacional de Liberación, Eln, ha atacado durante años tanto a personas como a infraestructuras y fuerza pública.

Para febrero de 2016, en el marco de los 50 años del Eln, el grupo subversivo destruyó una torre de energía en Aguachica, hecho que cortó el servicio de luz en tres localidades, pero que, por fortuna, no cobró vidas.

Al poco tiempo, detonaron varias cargas explosivas en el puente que une a los municipios de Pailitas y Pelaya, dejando incomunicado el sur del departamento. En el hecho no se registraron heridos.

Otros casos registrados en el departamento

En 2021, dos sujetos en una motocicleta intentaron acabar con la vida de Ricardo José Rojas, activista de la protección campesina, afrocolombiana, indígena y víctima del conflicto armado.

Las balas impactaron en la camioneta blindada en la que se transportaba -por carreteras aledañas a Chiriguaná- el líder social y la cual hacía parte del esquema de seguridad entregado por la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Cabe resaltar que la víctima ya había denunciado un caso bajo la misma modalidad en 2019 cuando era sindicalista de un gremio minero.

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