Abogados estafan a presos con falsas promesas de incluirlos en 'paz total'

Los presos de algunas cárceles del país vienen siendo estafados por abogados que, de manera engañosa, estarían ofreciendo sus servicios para incluirlos en la política de paz total que pretende adelantar el gobierno de Gustavo Petro con los distintos grupos y bandas armadas que operan en el país.

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Así lo confirmó el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y las pruebas de la denuncia ya están en manos de las autoridades para dar con el paradero de los presuntos abogados delincuentes.

“Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, señaló Danilo Rueda en un comunicado.

Los togados, dice la denuncia, les aseguran a los reos que están facultados para realizar las falsas promesas por la Ley 2272 de 2022, o Ley de la paz total. Ese articulado ya fue sancionado por el presidente y que estableció el marco jurídico para adelantar acercamientos con armados ilegales que deriven en negociaciones o sometimientos a la justicia.

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De momento, los beneficios de la ley en mención solo aplican para los miembros de las estructuras armadas que tengan acercamientos de intención de diálogo con el gobierno y para personas que estén siendo procesadas por delitos relacionados con la protesta social, quienes han salido de las cárceles para convertirse de “voceros de paz”.

Entre las denuncias que ha recopilado la Oficina del Alto Comisionado, se encuentra el caso de un reo que pagó una alta cifra de dinero para poder ser trasladado de penal y dicha orden nunca llegó. Así, han recopilado denuncias de falsas promesas para incluir a algunos presos en la política de paz total.

“La impunidad no está a la venta. Cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec”, señaló el alto comisionado.

La denuncia ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación y el pedido de la oficina del gobierno es que la investigación sea eficaz y con garantías “ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz”.