GruPo disidente suspende diálogo de paz con el Gobierno Petro tras muerte de uno de sus líderes y crisis por extradición

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), grupo disidente liderado por Walter Mendoza, decidió suspender provisionalmente la mesa de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro, proceso que se venía desarrollando en el marco de la política de “paz total”. Esta información fue oficializada a través de un comunicado difundido el 16 de marzo y reportada por el medio Colombia+20, al cierre del séptimo ciclo de diálogos realizado en Tumaco, Nariño.

De acuerdo con lo explicado en el comunicado, la principal razón para declarar la pausa en el proceso recae sobre la muerte de Alexander Rondón, conocido como “Machaco”. La CNEB aseguró que la muerte de Rondón, miembro relevante de su estructura, se produjo durante una acción militar ejecutada por el Ejército. Esta situación tensionó aún más el ambiente de confianza que venía trabajándose en las mesas.

Sin embargo, datos recogidos por Colombia+20 a través de fuentes cercanas al proceso señalaron que existe otro motivo de preocupación para la delegación de la CNEB relacionado con la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), así como con el cumplimiento de compromisos adoptados por el Gobierno. En particular, el traslado de Geovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, suponía un punto esencial para los acuerdos; el Gobierno, inicialmente, había accedido a efectuar su traslado una vez se habilitara la ZUT. No obstante, recientemente la posición gubernamental cambió, manifestando la imposibilidad de cumplir dicho acuerdo en los términos pactados.

Este giro llevó a nuevas opciones: la posibilidad de trasladar solo a 99 miembros de la CNEB y dejar a “Araña” fuera del proceso, o continuar con la negociación sin la formalización de la ZUT. Paralelamente, la situación jurídica de “Araña”, a quien la Corte Suprema de Justicia ya autorizó para extraditar a Estados Unidos, agrega complejidad a las decisiones de ambos lados de la mesa.

Por su parte, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, declaró a Colombia+20 que se están revisando tanto el papel de la ZUT en la negociación como la suspensión de órdenes de captura de todos los actores que ingresen a estos espacios, incluyendo el caso de “Araña”. La revisión apunta a encontrar la viabilidad política y legal, dada la presión judicial y las obligaciones internacionales.

Adicionalmente, el comunicado del 16 de marzo también pone énfasis en el arresto del jefe de Comandos de Frontera, estructura adscrita a la CNEB. Su captura, ocurrida en Bogotá en febrero de 2025, fue calificada como ilegal por la organización, pues —según su versión— se produjo mientras dicha persona estaba dialogando con el Estado en busca de la paz. En el documento, la CNEB exige al presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa y a la mesa gubernamental que se esclarezca la procedencia de esa orden de captura, sugiriendo dudas sobre la coherencia entre la política de negociación y las acciones estatales.

La CNEB concluyó su comunicado declarando “en pausa” el proceso, a raíz de lo que describen como “un nuevo ataque”, lo que deja incertidumbre respecto a la continuidad de los diálogos en el marco de la paz total impulsada por el Gobierno colombiano.

¿Qué es la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y por qué es relevante en el proceso de paz?

Dentro del contexto de las negociaciones recientes entre la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Gobierno de Gustavo Petro, la Zona de Ubicación Temporal, conocida como ZUT, ha sido un elemento central. Esta figura aparece como un espacio físico donde los miembros de la organización pueden ubicarse de manera transitoria durante el desarrollo de los diálogos y mientras avanzan los acuerdos para la paz. Permitir la presencia de estos integrantes en la ZUT, con suspensión temporal de órdenes de captura, busca facilitar las conversaciones sin que recaigan acciones judiciales inmediatas sobre ellos.

La discusión sobre la ZUT se agudizó por el caso de “Araña”, miembro de la CNEB cuya extradición ya había sido avalada por la Corte Suprema de Justicia. La postura gubernamental en torno a la participación de “Araña” en la ZUT y lo que implica para la negociación tensionó la mesa, evidenciando cómo aspectos jurídicos y compromisos de seguridad pueden incidir directamente en el avance o suspensión de los procesos de diálogo en Colombia.