Reclutamiento forzado de adolescentes: el Clan del Golfo y la realidad detrás del drama en Remedios, Antioquia

La reciente desarticulación de una estructura criminal vinculada al Clan del Golfo, responsable del secuestro y reclutamiento de adolescentes en el municipio de Remedios, Antioquia, expone la gravedad y persistencia del fenómeno del reclutamiento forzado de menores en Colombia. Según información de la Fiscalía General de la Nación, entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2025, dos jóvenes fueron privados de la libertad y sometidos a intensas sesiones de entrenamiento militar en una finca rural. Durante este periodo, los adolescentes experimentaron amenazas, violencia física y presiones destinadas a integrarlos a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, una de las facciones armadas del Clan del Golfo.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han documentado que el Clan del Golfo, catalogado como una de las agrupaciones delictivas más poderosas del país, recurre sistemáticamente al reclutamiento de menores mediante tácticas de coerción o engaño. Su objetivo es fortalecer sus estructuras armadas y mantener el control territorial en zonas golpeadas por el conflicto, según el informe de la misma organización. Así, el caso de Remedios trasciende lo local y se instala dentro de un patrón nacional de vulneración de derechos humanos en contextos de violencia prolongada.

La investigación judicial permitió identificar a alias “El Mocho”, “El Negro” y “Lucas” como presuntos responsables de la retención y adoctrinamiento de los menores. El proceso de instrucción incluyó prácticas con armas de fuego como fusiles AK-47 y revólveres, manejo de explosivos y simulación de patrullajes y emboscadas. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), la organización de estos roles evidencia una logística planificada, destinada tanto al sometimiento de las víctimas como a la expansión estratégica del grupo armado en la región.

Paralelamente, el impacto psicológico y social sobre los adolescentes es particularmente severo. Estudios del Instituto Nacional de Medicina Legal resaltan que la privación de la libertad, unida al adoctrinamiento y la exposición a violencia armada, provoca traumas profundos y obstaculiza la reintegración social, aumentando el riesgo de revictimización y reincidencia en la ilegalidad. Esto exige intervenciones integrales, de tipo legal, psicológico y social, para acompañar a las víctimas en su proceso de restablecimiento de derechos.

Comparado con otros contextos latinoamericanos, el reclutamiento forzado en Colombia refleja una combinación de factores estructurales: presencia limitada del Estado, economías ilícitas y ausencia de programas efectivos de prevención y desmovilización, como lo señala Human Rights Watch. De esa manera, las acciones judiciales, como la imputación de cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y entrenamiento para actividades ilícitas a los responsables, muestran la respuesta institucional, pero también la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales para la protección de la infancia y la adolescencia.

¿Qué implica el término “reclutamiento forzado de menores”? Esta pregunta surge porque la expresión aparece repetidamente en informes oficiales y reportes de organismos internacionales. “Reclutamiento forzado de menores” refiere a la práctica por la cual niños, niñas y adolescentes son llevados, bajo amenazas, coerción o engaño, a integrar grupos armados ilegales. Según la información citada por la UNODC y Medicina Legal, dicho reclutamiento no es una decisión voluntaria de los menores, sino el resultado de acciones sistemáticas de violencia y manipulación, que vulneran sus derechos y los exponen a múltiples riesgos físicos y psicológicos.

¿Cuáles son los principales retos para la reintegración de adolescentes víctimas del reclutamiento forzado? El interrogante adquiere relevancia ante los obstáculos que enfrentan los jóvenes para retornar a la vida civil. De acuerdo con los estudios mencionados del Instituto Nacional de Medicina Legal, la reintegración de estos menores implica superar traumas, estigmatización y ausencia de apoyo adecuado en sus comunidades. Asimismo, la persistencia de dinámicas de violencia y la presencia de grupos armados en sus entornos dificultan los procesos de acogida social, por lo que la coordinación de políticas en salud mental, educación y restitución de derechos resulta fundamental para evitar la revictimización.