Se le agrandó el lío a Verónica Alcocer en Colombia: llaman a declarar a Eva Ferrer y 5 personas más

El Ministerio Público estableció un listado prioritario de citaciones testimoniales bajo la gravedad de juramento que, además de la exconsejera presidencial para la Reconciliación, incluye a Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas. Cada uno de estos ciudadanos deberá comparecer ante el órgano de control para desentrañar el alcance de las operaciones denunciadas y esclarecer si existieron faltas disciplinarias o participación activa en las irregularidades administrativas ventiladas en los informes de prensa.

Para blindar el recaudo probatorio, el auto emitido por la entidad ordenó expresamente a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales desplegar una batería de pruebas técnicas que permitan verificar los hechos denunciados. Esta diligencia procesal no parte de cero; se alimenta y articula con una investigación preexistente que la Procuraduría ya gestionaba fundamentándose en declaraciones previas de la propia Ferrer, quien destapó una caja de pandora sobre el manejo de dineros y la presunta utilización irregular de aeronaves oficiales del Estado.

El epicentro de la tormenta gira en torno a los señalamientos frontales lanzados por Ferrer, quien formó parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro y mantuvo un estrecho vínculo con Alcocer. Según su testimonio, la ex primera dama estaría involucrada en una red de tráfico de estupefacientes y movimientos masivos de capital ilícito. La exfuncionaria aseguró que, durante viajes oficiales realizados en enero de 2023 con destino a Venezuela, se habrían transportado cargamentos ocultos y sumas millonarias de dinero en efectivo. “Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, aseveró Ferrer, mencionando además la presunta participación de figuras como el empresario catalán-colombiano Manel Grau —recientemente enredado en líos judiciales por supuestas estafas— y el congresista Agmeth Escaf.

Con la recolección de testimonios y la práctica de pruebas técnicas en marcha, el organismo disciplinario busca determinar responsabilidades institucionales en un escándalo que continúa erosionando la credibilidad de la administración pasada y pone bajo el microscopio judicial a varios de sus alfiles más influyentes.