Apareció el contrato que le dieron a Deicy Jiménez en Mininterior y cifra de cuánto ganaba

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Conversaciones revelaron la orden directa de Gustavo Petro a la exdirectora del Dapre para renovar un contrato en el Ministerio del Interior.

La investigación penal y disciplinaria por el escándalo de presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores personales sumó una prueba documental determinante tras conocerse una conversación digital entre la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, y el expresidente Gustavo Petro. El material revela la instrucción explícita del exmandatario para garantizar la continuidad laboral de Deicy Jiménez en la nómina del Estado, contradiciendo las explicaciones previas del círculo oficial.

El intercambio de mensajes se registró el 12 de diciembre de 2025, exactamente 19 días antes de que venciera el contrato 1826 de 2025 que Jiménez mantenía con el Ministerio del Interior por un monto de $11.151.338. En la comunicación, el exjefe de Estado escribió textualmente a la alta funcionaria de Palacio: “Esta persona necesito que la mantengan allí en el contrato con MinInterior”. Tras emitirse la directriz desde la Presidencia, la cartera del Interior formalizó un nuevo vínculo contractual el 21 de enero por un total de $30.457.095, garantizando a la contratista una asignación mensual cercana a los $2,6 millones de pesos para labores de apoyo en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La documentación del proceso administrativo precisa que el objeto contractual exigía apoyar la consolidación de informes de seguimiento a proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). No obstante, la vinculación fue terminada de manera anticipada y unilateral el 31 de octubre de 2026, en medio del avance de las pesquisas judiciales. Durante la administración de Petro, la mujer firmó un total de siete contratos con entidades públicas que sumaron $116.944.432, distribuidos en cuatro vinculaciones con el Senado de la República, una con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y dos con el Ministerio del Interior, según informó Semana.

El expediente se encuentra bajo la órbita de las principales autoridades de control y juzgamiento del país. Luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una noticia criminal el pasado 23 de octubre, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutaron la extracción forense al teléfono celular entregado por la denunciante el 5 de noviembre. En paralelo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia practicó una inspección para recaudar los folios de contratación en el Congreso, mientras que la Procuraduría General de la Nación citó a la excontratista a rendir declaración en el marco de la indagación previa.