Catatumbo en vilo: Gobierno extiende plazo para Zona de Ubicación del Frente 33 en medio de violencia y crisis

El reciente aumento de la violencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, ha obligado al Gobierno Nacional a replantear sus estrategias frente a la presencia de grupos armados ilegales. En este contexto, el presidente Gustavo Petro amplió por siete meses el plazo para concretar la construcción en Tibú de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada al Frente 33, facción disidente del Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF), según información recogida por El Espectador. Esta decisión responde a la compleja situación de orden público que se vive en el territorio, donde enfrentamientos entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han desencadenado múltiples delitos y al menos 300 personas desplazadas recientemente, conforme a reportes de las autoridades regionales.

El anuncio de extensión fue oficializado a través de la Resolución 474 de 2025, emitida el 23 de diciembre, que establece la continuación de los preparativos para el ingreso de los miembros del Frente 33 a la ZUT de Tibú. Este territorio especial fue acordado inicialmente en mayo del mismo año, como parte del proceso de paz en curso entre el Gobierno Nacional y el grupo armado, liderado por Calarcá Córdoba. La delegación oficial y representantes del Frente 33 se reunieron en San José de Cúcuta para definir los términos de dicho acuerdo. Desde entonces, la Resolución 161 de 2025 dispuso un término inicial de siete meses para el funcionamiento de la ZUT y otorgó 45 días para que los integrantes se trasladaran al área señalada.

No obstante, ese periodo determinado concluyó el pasado 7 de julio sin avances notables tanto en el traslado de los combatientes como en el diseño de un plan integral de desarrollo para la zona, lo cual había sido planteado como un ultimátum por parte del presidente Petro para que los miembros del Frente 33 dieran inicio a la fase de preconcentración. De acuerdo con la documentación gubernamental, durante los meses siguientes (mayo a noviembre de 2025) se realizaron diversas reuniones entre la Mesa de Diálogos de Paz y representantes del Frente 33, pero los logros fueron escasos y el proceso sufrió estancamiento debido a la persistencia del conflicto armado.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación al respecto, recordando que desde la concepción de la ZUT advirtió sobre los riesgos latentes para las comunidades aledañas, riesgos que se han visto exacerbados por la ausencia de protocolos clarificados y la continuidad de la violencia entre el ELN y el Frente 33, especialmente focalizada en Tibú. El más reciente pronunciamiento de la Defensoría pone en tela de juicio la viabilidad de la iniciativa y subraya que, a días de culminar el año, subsisten profundas interrogantes acerca de la adecuación normativa de las ZUT.

La polémica sobre la extensión del plazo para la Zona de Ubicación Temporal ilustra las dificultades que enfrenta la política de paz en el Catatumbo. La violencia permanente, las demoras institucionales y la inseguridad reinante generan un panorama incierto para la población local. Las comunidades se mantienen en estado de alerta, recordando la crisis humanitaria que ambos grupos protagonizaron a principios de año, y siguen a la expectativa de que se garantice su seguridad y el respeto de sus derechos fundamentales, tal como informan fuentes citadas de El Espectador.

¿Qué es exactamente una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y cuál es su función en los procesos de paz?

La pregunta sobre las Zonas de Ubicación Temporal surge por la importancia que tienen estos espacios en las negociaciones entre el Estado colombiano y los grupos armados al margen de la ley. Este término se refiere a áreas definidas por el Gobierno para concentrar a integrantes de un grupo armado mientras avanzan los diálogos y se acuerdan mecanismos de cese al fuego y reintegración.

Las ZUT buscan garantizar la seguridad de los excombatientes durante el proceso de transición y facilitar la verificación de los compromisos asumidos en la mesa de conversaciones. Sin embargo, su establecimiento puede generar tensiones con las comunidades, como sucede hoy en Catatumbo, ya que su correcta regulación y la existencia de protocolos efectivos son fundamentales para evitar nuevas crisis humanitarias a raíz del conflicto armado.