Caso de mujer que pide muerte asistida por trastornos mentales avanzó y llegó a la Corte Constitucional

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El alto tribunal revisará la tutela y la encargada será la magistrada Paola Andrea Meneses, quien decidirá si las EPS deben garantizar el procedimiento.

La Corte Constitucional decidió revisar la tutela de Catalina Giraldo Silva, una mujer de 30 años que solicita acceder a una muerte médicamente asistida tras años de padecer graves trastornos mentales y de someterse a múltiples tratamientos sin éxito. La mujer tiene un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.

La Sala de Selección de Tutelas Número Cinco eligió el caso por considerarlo un asunto novedoso. El caso pone sobre la mesa un debate inédito: si el sufrimiento generado por un trastorno depresivo mayor severo y persistente es razón suficiente para acceder a la muerte digna. Giraldo acudió a la justicia tras argumentar un profundo sufrimiento continuo causado por su diagnóstico.

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El expediente, radicado bajo el número T-11975317, fue seleccionado en audiencia este jueves. Los magistrados Lina Marcela Escobar Martínez y Juan Carlos Cortés González consideraron urgente proteger los derechos de la paciente y aclarar el contenido y alcance de este derecho fundamental.

Tras el sorteo correspondiente, el expediente quedó a cargo de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. Ella será la encargada de proyectar un fallo que definirá si el sistema de salud debe garantizar este procedimiento a pacientes psiquiátricos.

De aprobarse, Giraldo ganaría una batalla legal que sentaría un precedente histórico para otras personas con padecimientos mentales crónicos. Una decisión favorable significaría un reto operativo gigante para el sistema de salud.

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tendrían que crear nuevos protocolos para evaluar el consentimiento y el sufrimiento en pacientes con depresión severa. Actualmente, la jurisprudencia permite la eutanasia y la muerte asistida por lesiones corporales o enfermedades físicas graves, pero el terreno de la salud mental sigue siendo un vacío.

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El caso apenas entra en su fase de revisión en el alto tribunal. La magistrada Meneses estudiará las pruebas clínicas y los fallos de instancias anteriores antes de presentar una ponencia. Mientras tanto, el proceso queda en pausa a la espera de que los magistrados definan hasta dónde llega la autonomía de un paciente con una enfermedad mental grave frente a su propia vida.