Sacudón en caso de Miguel Uribe Turbay abre inesperado capítulo en investigación por el asesinato

Tú navegador no es compatible para reproducir este audio

La decisión surgió luego de un recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría, entidad que puso en duda el archivo del proceso investigativo.

En medio de investigaciones a nivel nacional, el Tribunal Superior Militar y Policial revocó el cierre del expediente contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, encargado del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay.

Con esta decisión, la causa judicial contra el uniformado retoma su curso, luego de que un juzgado militar ordenara previamente archivar el caso.

La determinación surgió tras un recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría, entidad que puso en duda el archivo del proceso investigativo.

El ente de control identificó posibles fallas jurídicas dentro del fallo emitido en primera instancia por la justicia militar.

Con la reapertura, las autoridades deberán establecer si el subcomisario tuvo alguna responsabilidad en los hechos previos al ataque contra el senador.

La investigación penal del caso de Miguel Uribe Turbay apunta a esclarecer si Gómez Velasco incurrió en prevaricato por omisión, por presuntas fallas en la seguridad previa al magnicidio.

En la decisión inicial, un juzgado militar había dispuesto el cierre del caso, argumentando limitaciones operativas del esquema de protección del congresista.

Ese fallo también señaló que la agenda del evento público habría llegado con retraso al equipo responsable de la seguridad de Uribe Turbay.

Inconforme con ese desenlace, la Procuraduría radicó formalmente una apelación ante las instancias competentes de la jurisdicción militar y policial.

Luego de analizar el recurso, el Tribunal Superior Militar y Policial halló elementos pendientes por revisar y declaró nulo lo actuado hasta ese momento.

El tribunal sustentó su decisión en contradicciones jurídicas detectadas dentro del fallo original emitido por el juzgado militar, en medio de un hecho que conmovió a la sociedad colombiana.

Adicionalmente, la Procuraduría cuestionó que no se profundizara lo suficiente en las declaraciones y confesiones recopiladas durante la investigación del atentado.

Así fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Las investigaciones penales por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, cometido durante un acto político en Bogotá el 7 de junio de 2025, avanzan activamente en los tribunales. El ente acusador logra sentencias históricas contra diversos articuladores.

El juzgado penal del caso confirmó condenas rigurosas contra varios implicados por coordinar las acciones criminales previas y posteriores. Entre los sentenciados figura Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado de instrumentalizar a un menor para el ataque.

Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación oficializó condenas en firme contra Jhorman David Mora Silva y Cristian Camilo González Ardila. Ambos admitieron su participación activa en las videollamadas y preparativos logísticos del atentado.

Las pesquisas judiciales revelan elementos clave sobre el reclutamiento de un adolescente para accionar el arma de fuego. El menor ejecutó la agresión recibiendo instrucciones operativas de los cabecillas mediante comunicaciones digitales en tiempo real.

En el frente judicial, las autoridades analizan exhaustivamente la hipótesis de una posible infiltración dentro del esquema defensivo del dirimente. Reportes técnicos ubican contactos telefónicos sospechosos entre escoltas y los ejecutores materiales de la red criminal.

Ante la gravedad de los hallazgos probatorios, la Unidad Nacional de Protección reestructuró totalmente las medidas de seguridad para la familia del dirigente fallecido. Las instituciones buscan blindar la integridad de los allegados y denunciantes.

Los fiscales especializados continúan recopilando material documental, peritajes a líneas móviles y testimonios confidenciales. La meta del organismo judicial radica en identificar a los autores intelectuales y financiadores del grave delito político.

La justicia colombiana impone penas superiores a los 20 años de prisión a los implicados que aceptaron cargos. El proceso penal sigue abierto en distintas fases procesales para esclarecer de forma definitiva el entramado delictivo.

La comunidad internacional y los sectores políticos nacionales siguen con especial atención el expediente judicial. Exigen respuestas contundentes para garantizar que la impunidad no prevalezca frente a las agresiones contra la democracia.