"Querían que yo renunciara": profesor ciego denunció discriminación en colegio de Bogotá

En materia educativa se han logrado avances para la vinculación de personas con discapacidad, entendiendo la importancia de aportar a su autonomía y a sus relaciones sociales, lo cual termina reconociendo la diversidad, dentro y fuera de las aulas. Sin embargo, al parecer, persisten los casos donde la discriminación va en contravía de las leyes. Al menos, esta sería la historia de Carlos Ceballos Baquero, profesor de inglés y español, quien denuncia que lo han marginado.

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Aunque la ley es clara y, por ejemplo, el Decreto 1421 de 2017 “reglamenta la atención para la población con discapacidad en la educación formal, garantizando su derecho”, y la Ley 1618 de 2013 ordena que “el Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en condición de discapacidad, con medidas de inclusión y eliminación de toda forma de discriminación”, en el mundo escolar se mantienen prejuicios que se terminan convirtiendo en barreras para que la inclusión sea realidad.

Y el ejemplo es la denuncia de Ceballos Baquero, docente con discapacidad visual, quien afirma que fue discriminado cuando trabajaba en el Instituto Técnico Laureano Gómez, de la localidad de Engativá. Él cuenta que, desde su llegada como docente provisional, para reemplazar a una colega incapacitada, la rectora entabló una relación hostil, poniendo en duda su capacidad de dar clases y cuestionando, incluso, si sabía inglés, invalidando que es licenciado en este idioma, como consta en su hoja de vida.

“Desde el comienzo me rechazó. Cuando llegué, de manera impositiva me preguntaba si estaba en capacidad de subir escaleras y hacer otro tipo de cosas básicas como caminar. Me dijo que cómo iba hacer con los estudiantes. Me hacía preguntas absurdas como si en realidad sabía inglés, todo porque para ella una persona ciega, al parecer, no puede ser profesor”, narra Ceballos, quien agrega: “Me quiso sacar desde el comienzo. Quería que yo renunciara al cargo. A pesar de ello, no me dejé afectar y seguí con mi labor”.

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Sin embargo, el caso de Ceballos tuvo un giro que, según él, pasó por encima de su principio de humanidad. Luego de terminar su contrato y que la secretaria le renovara la prórroga de su encargo, la rectora lo citó a su despacho y, a través de un tercero, le entregó una carta sin darle explicación ni leerle su contenido.

“A través de otra persona, a quien tuve que pedirle que me leyera el oficio, me enteré de que no aceptó la renovación del contrato para seguir cubriendo la vacante. Ese anuncio me tomó por sorpresa, dado que venía desempeñando mis labores con normalidad. Lo molesto es que no me dijo nada y tampoco quiso hablar conmigo, para decirme en la cara el motivo”, expone.

En el escrito emitido, firmado por la rectora, se lee: “No es aceptado para cubrir la vacante, debido a que los alumnos no han sido respetuosos con el docente y no asisten en masa a clases, quedándose por fuera del aula jugando”. Argumento que, de acuerdo con el profesor Ceballos, no es cierto, dado que ella nunca estuvo en sus clases para evidenciar ese tipo de comportamiento. En respuesta afirma que la ausencia de los menores es una realidad que ocurre con todos los docentes, detallando también que es labor de los coordinadores de disciplina identificar a quienes no ingresan a las aulas.

Frente a este hecho, Edder Rodríguez Laiton, director de Talento Humano de la Secretaría de Educación, afirma que Ceballos Baquero registra 21 vinculaciones en provisionalidad en vacantes temporales y que “no existe ninguna discriminación contra el docente”. Sin embargo, no mencionó si abrirá un proceso disciplinario para analizar si la rectora incurrió o no en un comportamiento discriminatorio, para tomar la decisión de aceptar o no la prórroga del contrato.

Poca inclusión para docentes

Toda esta situación, paradójicamente, ocurrió dentro de lo que se supone es un modelo de educación inclusiva para los alumnos, pero bastante restringida para los docentes. Vale recordar que la Secretaría de Educación afirma que todos los colegios públicos de la ciudad deben recibir a estudiantes con discapacidad. Según Mauricio Castillo, subsecretario de Calidad y Pertinencia de esta cartera, este año electivo estuvieron matriculados 18.500, entre ellos algunos con discapacidades físicas, visuales, cognitivas, auditivas y múltiples.

Para su atención, según las cifras de contratación para 2022, los centros educativos distritales cuentan con 970 docentes de apoyo pedagógico, 183 auxiliares de enfermería, 110 mediadores, 14 modelos lingüísticos (quienes enseñan la cultura sorda) y 75 intérpretes de lengua de señas. No obstante, al revisar el número de profesores con discapacidad en las aulas, la cifra es irrisoria. A la fecha apenas 53 educadores con esta característica laboran en colegios distritales, de los cuales 41 llegaron por carrera docente y 12 están de manera provisional. Cifra que representa el 0,1 % de los más de 35.000 profesores contratados por el Distrito.

Panorama que según Carlos Parra Dussán, director del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), evidencia que “aún hay mucho que hacer para reducir los índices de exclusión y para que la igualdad laboral, educativa, social, cultural, deportiva y en cualquier ámbito de la sociedad sean una puerta abierta para todos, sin importar su condición”.

Este medio intentó contactar vía telefónica y por e-mail con las directivas del colegio, para conocer su versión, pero no hubo respuesta. Lo que sí contestaron desde la secretaría es que “los docentes deben demostrar competencias en el desempeño de sus funciones. En caso de que no sean evidenciadas por los rectores es posible que los desvinculen. Esto propendiendo por la calidad de la educación en las instituciones educativas”.

Respuesta similar a la que le dieron al docente Ceballos Baquero a través de la Resolución n.° 2479, el pasado 3 de noviembre: “Resulta procedente la revocatoria de la prórroga del nombramiento provisional en la planta de personal docente de la Secretaría de Educación del Distrito”.

Por ahora, Ceballos sigue insistiendo en que se trata de un acto de discriminación y se preocupa no solo por su caso, sino por la poca representatividad que tienen las personas con discapacidad en las aulas. Está convencido, al igual que varios teóricos, de que su presencia en profesiones como la pedagogía alentarán a quienes desde pequeños se sienten segregados en una sociedad capacitista como la nuestra.