Nueva cárcel El Pílamo en Pereira: proyecto principal de Risaralda para aliviar el hacinamiento carcelario

La edificación de la nueva cárcel El Pílamo en Pereira emerge como la propuesta principal del departamento de Risaralda para enfrentar el crítico problema de hacinamiento que afecta tanto los centros carcelarios como las estaciones de Policía. De acuerdo con información presentada por la Secretaría de Gobierno de Risaralda en la Asamblea Departamental —respaldada por datos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Policía Metropolitana de Pereira—, esta construcción representa una inversión de $259.174 millones y contará con cupo para 1.514 personas privadas de la libertad. Su inauguración está estimada para el primer trimestre de 2027, una vez finalice la segunda fase y se complete su dotación.

La obra se desarrolla en dos etapas: la primera comprende la infraestructura base y ha significado un desembolso superior a los $132.249 millones, finalizando obras físicas en octubre de 2025. Incluye cinco pabellones, unidad especial para tratamientos, zonas de resocialización, talleres, áreas sanitarias, visita, cocina y planta para tratamiento de aguas residuales. En el momento, está en proceso de entrega técnica y revisión por parte de la interventoría y la USPEC. La segunda fase prevé la construcción de áreas administrativas, cerramientos de seguridad, redes eléctricas y todos los sistemas necesarios para la operación. Esta etapa, que reporta un 42,67 % de avance físico y un 27,86 % financiero, tiene prevista su culminación en diciembre de 2026.

Las voces oficiales, como el capitán Mauricio Andrés Erazo, director de la cárcel La 40 de Pereira, y Michael Castaño Alfonso, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Risaralda, resaltan el trabajo articulado entre entidades de todos los niveles. Erazo subraya el exhaustivo control de la Procuraduría, mientras que Castaño destaca la coordinación interinstitucional, indispensable para cumplir los cronogramas establecidos. Sin embargo, aún no existe una cifra definida para el personal requerido para el funcionamiento de El Pílamo; este dato será determinado por estudios internos del INPEC.

Entretanto, el panorama carcelario en Risaralda sigue siendo alarmante. Según el reciente informe, las cárceles del departamento, con capacidad para 1.132 internos, actualmente albergan 1.445, lo que significa un 127 % de ocupación y una sobrepoblación de 313 personas. El hacinamiento es aún mayor en La 40, con un índice de 58,5 %. Santa Rosa de Cabal conserva un hacinamiento del 33,7 %, mientras el establecimiento femenino tiene algunos cupos libres. Más del 81 % de los internos ya está condenado, y cerca del 18 % permanece sindicado.

La insuficiencia de cupos ha obligado a que cientos de personas sean recluidas de forma permanente en estaciones de Policía, espacios concebidos solo para detenciones provisionales. En Dosquebradas, por ejemplo, 30 personas están recluidas donde solo hay espacio para 10. El informe advierte que esta sobreocupación atenta contra la seguridad institucional, dificulta la labor policial y representa un riesgo para los derechos humanos de los internos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo estará lista la cárcel El Pílamo y cuántas personas podrá albergar?

De acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de Gobierno de Risaralda, el proyecto El Pílamo prevé entrar en funcionamiento en el primer trimestre de 2027. Esta infraestructura tendrá una capacidad para 1.514 personas privadas de la libertad, buscando aliviar la sobrepoblación penitenciaria del departamento.

¿Qué problemas genera el hacinamiento carcelario actual en Risaralda?

El hacinamiento carcelario en Risaralda ha saturado tanto las cárceles tradicionales como las estaciones policiales, lugares que fueron diseñados solo para detenciones transitorias. Esto dificulta la labor institucional, compromete la seguridad, y representa serios riesgos para los derechos humanos de las personas privadas de libertad, según lo establece el informe presentado ante la Asamblea Departamental de Risaralda.