Pulso de poder: la batalla entre Canal 1 y el Gobierno pone a prueba la autonomía de los medios en Colombia

El conflicto entre Canal 1 y el Gobierno nacional ha trascendido el ámbito técnico para transformarse en una controversia de poder con repercusiones significativas. Inicialmente, la situación se desenvolvía en términos administrativos, pero pronto escaló a instancias judiciales, lo que ha suscitado una reflexión profunda sobre la independencia de los medios de comunicación frente al accionar estatal. El epicentro de esta disputa gira en torno a Plural Comunicaciones, el operador de Canal 1, que interpuso una tutela argumentando que las determinaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) no solo interferían en el desempeño empresarial, sino que constituían un obstáculo directo al ejercicio independiente del periodismo. Este pulso, que hoy genera inquietud en el sector, evoca otros enfrentamientos recientes entre el Gobierno y actores privados, como aconteció con la controversia por el contrato de los pasaportes.

La acción de tutela fue presentada el 25 de noviembre de 2025 por Plural Comunicaciones junto con dos de sus directivos, quienes señalaron directamente a la SIC y al Mintic por vulnerar derechos fundamentales tras la decisión de abrir una investigación sobre una presunta integración empresarial no declarada entre Canal 1 y Caracol Radio. Aunque la vigilancia estatal sobre el mercado forma parte de sus funciones, los accionantes denuncian que la forma en que se adelantó el proceso habría desbordado los límites legales y legítimos. Según el expediente, ambas compañías habrían realizado una “fusión” sin autorización previa, lo que derivó en la formulación de cargos el 9 de septiembre de ese año.

No obstante, los representantes de Plural Comunicaciones han insistido en que nunca existió una “fusión” como tal y, por tanto, no era necesario obtener la autorización de la SIC. Apoyan su argumento en una reunión sostenida con la entonces directora de la Superintendencia, Cielo Rusinque, en agosto de 2024, en la que, según los tutelantes, la funcionaria habría señalado explícitamente que no se requería la aprobación para la operación cuestionada.

En ese contexto, la controversia adquiere una dimensión mayor: no se trata únicamente de definir si hubo o no irregularidades administrativas, sino de esclarecer hasta qué punto las acciones del Estado pueden condicionar la labor informativa y empresarial de los medios. El caso, aceptado ya por la justicia, aborda el delicado límite entre protección de la libre competencia y posible intromisión en la autonomía periodística y empresarial, un asunto clave para la democracia.

Las implicaciones de este proceso podrían sentar un precedente respecto a la relación entre organismos de control y medios de comunicación en Colombia, especialmente si se comprueba que hubo presiones indebidas. Además, la referencia al antecedente del contrato de pasaportes resalta cómo estos choques entre el Gobierno y sectores económicos no son aislados, sino parte de una discusión recurrente sobre la trasparencia y los alcances del poder estatal.

¿Qué impacto tendría una decisión judicial favorable a Canal 1 sobre otros medios de comunicación?

Esta pregunta surge porque la tutela de Plural Comunicaciones no solo busca resolver su situación particular, sino que puede influir en el modo en que organismos como la Superintendencia de Industria y Comercio o el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones interactúan en el futuro con otros actores mediáticos y empresariales. El desenlace del caso establecería lineamientos sobre los límites en la actuación del Estado respecto a la vigilancia y control sobre medios, reshaping el escenario para quienes dependan de decisiones administrativas en Colombia.

Por tanto, una decisión favorable a Canal 1 podría ser interpretada en el sector como un reconocimiento a la importancia de preservar la autonomía informativa y empresarial frente a posibles excesos regulatorios, o, por el contrario, como un reto para afianzar los mecanismos de control sobre la competencia y la transparencia. La relevancia del fallo radica en que marcará el camino para resolver futuras tensiones similares entre Estado y medios de comunicación en el país.