Fiscalía revela detalles de la presunta estructura criminal del Tren de Aragua en el caso del asesinato de Kevin Santiago Ángel en Bogotá

La Fiscalía presentó detalles de la presunta estructura criminal del grupo conocido como Tren de Aragua, sustentados en testimonios y una grabación clave, durante la audiencia en la que solicitó prisión preventiva para ocho personas procesadas por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel, ocurrido en Bogotá. De acuerdo con la información expuesta en la audiencia y publicada por El Espectador, los elementos aportados incluyen declaraciones que describen una compleja cadena de mando que, supuestamente, inicia en Venezuela y se extiende hasta Bogotá. Esta estructura habría ejecutado, según los testigos, distintos delitos —como la extorsión a comerciantes, venta de drogas, hurtos, secuestros y homicidios por encargo—, con el objetivo de financiarse y mantener el control territorial.

Uno de los testimonios citados ubicó a Giovanni San Vicente, alias el Viejo, como máximo jefe, mientras que Osmer Josué Castillo Urbaneja, alias Osmer, estaría a cargo de ejecutar órdenes en Bogotá, incluso desde la cárcel de Doña Juana, en La Dorada, donde permanece detenido desde octubre de 2025. La Fiscalía lo señala de haber ordenado el asesinato de Ángel y de coordinar acciones posteriores para ocultar su muerte. Aunque se atribuyen otros hechos violentos y de narcotráfico a Castillo Urbaneja, estos enfoques siguen siendo hipótesis en investigación y deberán ser esclarecidos judicialmente.

El modelo de financiación descrito por los declarantes comprende tanto extorsión a comerciantes —con amenazas de hurtos o ataques armados en caso de negativa— como la recaudación de parte de los robos y la venta de drogas, para la cual los denominados “taquilleros” aportarían cuotas mensuales. Adicionalmente, los responsables de homicidios recibirían pagos por cada delito ejecutado, según los testimonios presentados.

La reconstrucción de los hechos que rodearon la muerte de Kevin Santiago Ángel incluye la identificación de Gacelis Nairoby Sojo Lira, alias Alondra, quien supuestamente ganó la confianza del profesor a través de redes sociales y lo condujo hasta una vivienda en el barrio Galán, donde habría sido asesinado. En total, ocho personas fueron procesadas, cada una señalada como presunta responsable, bajo cargos como homicidio agravado, tortura y concierto para delinquir agravado. Ninguno ha aceptado los cargos. Entre las acciones investigadas figuran seguimientos realizados a la víctima, la retención y tortura, así como la disposición final del cuerpo.

El posible móvil, según la Fiscalía, estaría asociado al trabajo social de Kevin Ángel: su labor como docente y promotor de procesos deportivos habría incomodado a quienes se lucran del tráfico de drogas y la extorsión en barrios de Kennedy y Bosa. Aunque esta hipótesis orienta la investigación, no existe aún una sentencia judicial sobre el caso y los procesados mantienen la presunción de inocencia mientras continúa el proceso.

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¿Cuál es la estructura del Tren de Aragua señalada por la Fiscalía en el caso de Kevin Santiago Ángel?

De acuerdo con la Fiscalía y los testimonios citados, la presunta estructura del Tren de Aragua tendría un eje de mando iniciado en Venezuela y ramificado hasta Bogotá, con órdenes que serían transmitidas desde la cárcel. El cabecilla Giovanni San Vicente, alias el Viejo, y el encargado local Osmer Josué Castillo Urbaneja, alias Osmer, estarían en la cima de una organización dedicada a delitos como extorsión, narcotráfico y homicidios. Estas funciones y relaciones son materia de investigación y, por ahora, forman parte de una hipótesis procesal pendiente de confirmación judicial.

¿Por qué la Fiscalía cree que el trabajo social del profesor Kevin Ángel habría motivado su asesinato?

Según la hipótesis expuesta por la Fiscalía, el profesor Kevin Santiago Ángel desarrollaba actividades comunitarias y deportivas orientadas a alejar jóvenes del consumo de drogas y del reclutamiento criminal, lo que supuestamente afectó intereses de personas ligadas a la venta de estupefacientes y a la extorsión. Esta labor comunitaria es el posible motivo del crimen señalado en el expediente, aunque aún debe probarse en el juicio.