Operativo masivo en Kennedy: Policía toma María Paz y El Amparo para frenar economías ilegales y violencia

La madrugada del jueves 29 de enero de 2026 estuvo marcada en Bogotá por una operación policial de gran escala llevada a cabo en los barrios María Paz y El Amparo, ubicados en la localidad de Kennedy. Este operativo involucró a más de 1.000 miembros de la Policía Metropolitana y a funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, quienes desplegaron un dispositivo de intervención en calles, comercios y diferentes puntos referenciados como críticos por su historial de denuncias. La zona donde se focalizó el operativo ha sido, según el registro de las autoridades, escenario reiterado de economías ilegales, hechos de violencia urbana y una persistente pugna por el dominio territorial entre actores ilegales.

De acuerdo con el general Giovanni Cristancho, comandante a cargo de la Policía Metropolitana, las acciones incluyeron revisiones exhaustivas a personas, controles de vehículos y motocicletas, y la inspección a establecimientos comerciales. El balance oficial reveló que, como resultado de estos procedimientos, dos inmuebles utilizados como pagadiarios fueron sellados temporalmente debido a incumplimiento en la documentación requerida. Además, se llevó a cabo la captura de una persona acusada de tráfico y porte de sustancias ilícitas, y se incautaron aproximadamente dos kilogramos de marihuana. Dentro del mismo operativo, mecánicos forenses realizaron revisiones técnicas a varias motocicletas para identificar posibles modificaciones relacionadas con el robo.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que esta intervención forma parte de una táctica reiterada de control territorial orientada a sectores calificados como de alto riesgo. Estas estrategias, indicó Restrepo, cuentan con la colaboración de diferentes dependencias distritales y de autoridades de control migratorio, ampliando así el alcance institucional. El funcionario resaltó que el robustecimiento del pie de fuerza policial concretado a finales de 2025 ha sido decisivo para multiplicar este tipo de intervenciones dirigidas.

No obstante, la intervención reciente no debe considerarse un suceso aislado. Como aclaró la administración, este operativo se inscribe en una secuencia de respuestas fragmentadas e intermitentes que buscan contener fenómenos cuya resolución exige, según las fuentes entrevistadas, políticas integrales y el cumplimiento estricto de decisiones judiciales que a menudo quedan sin ejecutar. Esta dinámica refleja las dificultades estructurales persistentes en determinados sectores, donde la presencia institucional se ve obligada a reactivarse periódicamente frente a retos renovados de seguridad y legalidad.

En conclusión, el operativo realizado en Kennedy, aunque necesario y respaldado por el fortalecimiento de la fuerza pública, desnuda las complejidades de una realidad urbana en la que la acción policial debe complementarse con respuestas integradas que superen la sola intervención puntual. Las autoridades insisten en la continuidad de estos controles, pero la experiencia acumulada advierte que solo con el cumplimiento organizado de las medidas judiciales y un trabajo conjunto entre institución y comunidad se podrán transformar de manera sustancial las condiciones del territorio.

¿Por qué existen zonas de alto riesgo y economías ilegales en estos barrios? En áreas como María Paz y El Amparo, según los reportes de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad citados en el texto, confluyen factores históricos que han propiciado la consolidación de economías ilegales y la persistencia de la violencia urbana. Entre estas causas se encuentran la presencia insuficiente y esporádica de entidades estatales, la debilidad en el cumplimiento de fallos judiciales y la frecuente fragmentación de las respuestas institucionales. La combinación de estos elementos favorece que actores no estatales y redes ilícitas mantengan el control sobre actividades clandestinas, perpetuando la inseguridad y la disputa por el territorio.

Estas zonas, consideradas de alto riesgo, suelen estar marcadas por una difícil situación socioeconómica, con falta de oportunidades y acceso limitado a servicios públicos y sociales. Esta situación crónica, documentada por fuentes oficiales en el artículo, incide directamente en el surgimiento de espacios propicios para actividades ilegales y en la necesidad recurrente de intervenciones policiales de alto impacto como las desarrolladas el 29 de enero en Kennedy. Entender el origen y la persistencia de estos fenómenos resulta clave para el diseño de acciones duraderas y eficaces en la mitigación de la criminalidad urbana.