Dicen dónde quedarán nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá; conductores, a bajarle al acelerador

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La capital del país endurece el control sobre los límites de velocidad con la habilitación gradual de nuevos puntos de fotodetección y Gobierno le pone la lupa.

En un intento por frenar la disparada de la accidentalidad en las calles de la capital, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que en los próximos días comenzarán a operar nuevas cámaras de fotomultas en tres de los corredores viales más importantes de la ciudad. La estrategia, orientada formalmente a prevenir siniestros viales, reducir conductas de riesgo y proteger la vida de los actores viales, contempla la instalación de dispositivos tecnológicos en puntos estratégicos de las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado.

De acuerdo con el mapa oficial entregado por el Distrito, las nuevas ubicaciones quedaron distribuidas específicamente en la Av. NQS con Calle 9 (en ambos sentidos, Norte-Sur y Sur-Norte), la Av. NQS con Calle 47A (N-S y S-N), la Av. El Dorado con Carrera 17 (sentido Oriente-Occidente) y con Carrera 25 (Occidente-Oriente), así como en la Av. Las Américas con Carrera 58 (en direcciones E-O y O-E). Según la Secretaría de Movilidad, la selección de estos corredores obedeció a rigurosos análisis técnicos que ponderaron índices de siniestralidad, exceso de velocidad y la proximidad a zonas de alto flujo peatonal, tales como centros educativos y hospitales.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, enfatizó que la meta del Distrito apunta a que, si los conductores logran circular a una velocidad máxima de 50 km/h en los puntos priorizados, se podrían salvar cerca de 50 vidas y evitar unas 900 lesiones durante los próximos cuatro años. “Ninguna muerte en la vía es aceptable. Por eso, fortaleceremos nuestra estrategia de seguridad vial para salvar 50 vidas y evitar 900 lesionados con nuestras nuevas cámaras salvavidas”, aseveró la funcionaria, recordando que la meta distrital proyecta alcanzar las 480 zonas habilitadas de fotodetección y 240 cámaras instaladas para el año 2027, escalando desde los 99 dispositivos actuales.

Los nuevos equipos cuentan con tecnología avanzada para detectar infracciones por exceso de velocidad, tránsito por sitios restringidos y la omisión de la revisión técnico-mecánica. No obstante, el Distrito aclaró que la operación iniciará bajo una fase estrictamente pedagógica antes de dar paso a las sanciones económicas, y que cada evidencia registrada deberá ser validada obligatoriamente por un agente de tránsito antes de emitir el respectivo comparendo. Todos los puntos cuentan con la autorización previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la debida señalización preventiva.

La medida llega en un momento crítico, marcado por un incremento del 33 por ciento en las muertes en vía con corte al 31 de julio frente al mismo periodo del año anterior, posicionando a Bogotá como la ciudad con mayor número de cámaras instaladas en el país (88), seguida por Cali (67), Medellín (39), Barranquilla (29) y Manizales (23).

A la par de la expansión tecnológica en la capital, el panorama nacional de las fotomultas atraviesa por una tensa revisión institucional. Recientemente, el presidente Abelardo De La Espriella solicitó de manera formal una evaluación integral de estos sistemas en todo el país, advirtiendo que se actuará con contundencia frente a abusos o modelos diseñados con fines meramente recaudatorios. En la misma línea, el Ministerio de Transporte anunció que endurecerá los requisitos regulatorios para garantizar que la detección electrónica responda a necesidades técnicas reales y no a la simple caja registradora de las administraciones locales.

Este escrutinio coincide con las delicadas investigaciones administrativas abiertas por la Superintendencia de Transporte contra 37 organismos de tránsito a nivel nacional —incluyendo las de Bogotá, Medellín y Cali— por presuntas irregularidades en la obtención del concepto de desempeño del Instituto Nacional de Metronomía, un requisito de ley cuya ausencia podría dejar sin validez más de 5,8 millones de comparendos no pagados y obligar a millonarias devoluciones que superarían los 2,1 billones de pesos.