Gobierno propone nuevos lineamientos para la intervención policial en protestas en Bogotá y divide opiniones en el Concejo

El debate sobre la nueva regulación propuesta por el Gobierno para la intervención de la Policía en las protestas ha generado opiniones divergentes entre los concejales de Bogotá. El proyecto, elaborado por el Ministerio del Interior, consta de 24 artículos y se encuentra en fase de consulta pública hasta el 4 de octubre. El texto propone que la Policía esté de manera permanente a una distancia mínima de cuatro metros de las movilizaciones y habilita el uso de la fuerza contra quienes sean señalados de actos violentos o vandálicos, incluso sin agotar previamente los espacios de diálogo. Según el Ministerio del Interior, la mediación se mantendría con los manifestantes pacíficos durante y después de cualquier intervención que se realice exclusivamente contra personas identificadas por hechos violentos.

La concejal Diana Diago, del Centro Democrático, apoya la capacidad de reacción inmediata de la Fuerza Pública frente a agresiones o daños tanto a bienes públicos como privados. Diago resaltó que la protesta no debe ser utilizada como excusa para que personas "desadaptadas destruyan la ciudad", afectando los derechos de millones. Señaló las pérdidas de TransMilenio entre 2021 y 2026, que superaron los $16.978 millones, con más de la mitad de los incidentes sucediendo durante las protestas. Según Diago, se requiere un equilibrio entre proteger el derecho a manifestarse y garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de la ciudad.

En contraste, Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, advierte que la regulación podría amenazar el derecho fundamental a la protesta social. Critica que la intervención policial sin agotar el diálogo ofrecería un espacio para la arbitrariedad, poniendo en peligro a quienes ejercen el derecho a la movilización pacífica. Bernal insistió en que el diálogo debe ser la principal herramienta, no un obstáculo, y rechazó que la fuerza sea la primera respuesta del Estado ante la protesta.

El concejal Samir Bedoya, del partido MIRA, también reconoció la necesidad de ajustar los protocolos cuando hay afectaciones graves, pero subrayó que la mediación debe seguir siendo la primera opción. Advirtió, sin embargo, que el derecho a la protesta no puede pasar por encima de derechos como la movilidad y la propiedad.

La propuesta oficial contempla la intervención individual de la Policía ante la presencia de armas, explosivos, o agresiones contra terceros, así como bloqueos que afecten servicios esenciales. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, las protestas crecieron de 1.427 en 2022 a 4.039 en 2025, y los bloqueos representan el 41 % de los mecanismos usados en las movilizaciones. El decreto sigue siendo un borrador sujeto a cambios tras el proceso de comentarios.

¿Qué propone el nuevo decreto sobre la intervención policial en protestas en Bogotá?

El borrador del Ministerio del Interior permitiría a la Policía intervenir directamente contra quienes sean identificados en actos violentos o vandálicos durante las protestas, sin necesidad de agotar previamente espacios de mediación. Asegura la continuidad del diálogo con los manifestantes pacíficos y busca preservar la seguridad pública a través de un acompañamiento policial constante y regulado.

¿Qué riesgos advierten los concejales sobre mayores facultades a la Policía durante las marchas?

Algunos concejales, especialmente del Pacto Histórico, alertan que una mayor flexibilidad para la intervención policial sin agotar el diálogo podría facilitar arbitrariedades y poner en riesgo a manifestantes pacíficos. Temen que se repitan denuncias de abusos, como las ocurridas en el pasado, y que el uso de la fuerza se convierta en la primera respuesta estatal, debilitando la garantía del derecho fundamental a la protesta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.