Vecinos de San Felipe alzan la voz: Inseguridad desborda límites pese a promesas y vigilancia oficial

La comunidad del barrio San Felipe, ubicada en la ciudad de Bogotá, atraviesa desde hace cerca de dos años una delicada situación relacionada con la seguridad del sector. De acuerdo con denuncias presentadas públicamente por los habitantes, no solo las viviendas particulares han sido objeto de robos e invasión de predios, sino también establecimientos comerciales y espacios culturales. Un comunicado conjunto de la comunidad resalta que estos incidentes no son hechos aislados, sino el reflejo de una problemática estructural que se ha extendido y agravado a lo largo del tiempo, impactando la cotidianidad y la tranquilidad de quienes residen, trabajan y promueven actividades culturales en la zona.

Andrés Pardo, codirector del Proyecto Binario y responsable del proyecto cultural CasaSelva, denunció que su espacio ha sido robado tres veces en solo el último año. Ante la persistencia de estos episodios, la comunidad decidió organizarse para enfrentar la situación y buscar respuestas concretas de las autoridades. Según relata Pardo, han mantenido comunicación con Melissa Morales, alcaldesa local de Barrios Unidos, en un esfuerzo colectivo por encontrar salidas efectivas al fenómeno de inseguridad.

Los habitantes también han hecho énfasis en la ausencia de seguimiento institucional a las promesas hechas desde la administración. En su comunicado, señalan una constante de anuncios ambiciosos por parte de diversas entidades, seguidos de ejecuciones inconexas y una deficiente articulación entre los organismos distritales y la población. Esta debilidad institucional, aseguran, ha dificultado construir soluciones duraderas, ya que los esfuerzos se superponen sin cohesión y muchas veces llegan incluso a contradecirse o perderse dentro del entramado burocrático.

Una de las principales inquietudes de la comunidad se centra en el llamado lote “La estación”, bajo la administración de RenoBo. Según información dada por Andrés Pardo a El Espectador, este predio ha estado abandonado desde hace varias administraciones y se transformó en un punto crítico para la seguridad local. El lugar es identificado como foco de acumulación de residuos, presencia de roedores y epicentro de actividades ilícitas, además de facilitar la vigilancia clandestina sobre los inmuebles del sector, según las constantes denuncias de los habitantes.

Pese a mantener múltiples reuniones con la Alcaldía Local, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, la comunidad sostiene que no han sido implementadas soluciones de fondo. El comunicado expone que apenas en noviembre de 2025 se organizó una reunión con la subsecretaría de seguridad para establecer las llamadas “Zonas seguras”, donde se contemplaba el apoyo del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4). Dicho centro, explican, se encargaría de vincularse directamente con vecinos y colectividades para aprovechar cámaras de seguridad que vigilan el espacio público. No obstante, hasta la fecha, los residentes no han tenido información adicional ni avances en este compromiso.

Por otra parte, la acción policial se ve dificultada por la ubicación geográfica de San Felipe, que se encuentra en el límite de los cuadrantes atendidos por dos Comandos de Atención Inmediata (CAI): el del Polo y el de Alcázares. Si bien el sector está oficialmente bajo la jurisdicción del CAI Polo, se halla físicamente más próximo al del Alcázares, situación que complica la respuesta rápida ante las denuncias cotidianas.

¿Qué es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4)? El C4 es una entidad encargada de coordinar y supervisar la vigilancia en la ciudad a través del monitoreo de cámaras y sistemas de comunicación. Su función principal es servir de enlace entre la ciudadanía, las autoridades y los dispositivos tecnológicos, facilitando la atención de emergencias, la prevención del delito y la reacción ante incidentes. Su relevancia en el caso de San Felipe radica en la propuesta de la comunidad para emplear el C4 como herramienta clave que permita crear entornos más seguros y mejorar la respuesta institucional ante la inseguridad.