Presidente Abelardo de la Espriella ordena control militar en Sumapaz y Usme para enfrentar redes criminales en Bogotá

En el primer Consejo de Seguridad realizado con Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella emitió una directriz firme al ordenar que se establezca el control militar en las zonas de Sumapaz y Usme. De acuerdo con la información oficial presentada durante la reunión, el jefe de Estado señaló que esta medida busca "evitar la expansión de esas redes (delincuenciales)", entre las cuales mencionó al Tren de Aragua, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), Los Ingenieros y El Mesa, estructuras señaladas por su presencia e influencia en la capital y en sectores estratégicos del sur de la ciudad.

La administración distrital, por su parte, identifica en particular la presencia de la estructura El Mesa en la parte alta de Usme, especialmente cerca de la zona de Compostela. Según declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, citadas en El Espectador, este grupo delictivo sería responsable de delitos graves como homicidios, secuestros y extorsiones. Además, el alcalde advirtió que El Mesa aprovecha la vulnerabilidad de las familias que llegan a la ciudad con la intención de acceder a terrenos, ejerciendo sobre ellas control territorial mediante intimidaciones y actos violentos.

Aunque hasta el momento no se han precisado detalles respecto a cuándo, en qué puntos específicos o cuántos militares serían desplegados, la decisión ha recibido respaldo por parte de los hermanos Julián y José Jaime Uscátegui, cabildante y congresista del Centro Democrático, quienes desde hace tiempo promueven la idea de militarizar Bogotá para enfrentar la inseguridad. Según palabras del concejal, la implementación comenzaría por el sur, aunque esperan que pueda ampliarse a toda la ciudad progresivamente.

Esta orden presidencial ha generado un choque evidente con la posición de la administración distrital. Tal como lo explica César Restrepo, secretario de Seguridad, en declaraciones recogidas por El Espectador, la administración no contempla solicitar apoyo militar adicional, argumentando que la ciudad ya cuenta con una estrecha colaboración con el Ejército Nacional. Puntualmente, Restrepo indicó que la Décima Tercera Brigada militar ya participa en patrullajes mixtos, controla los bordes urbanos y apoya con el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula Militar) en labores de inteligencia. Según él, “lo contrario significaría declarar a Bogotá en estado de guerra, relevando del mando a la Policía Nacional y colocando el control territorial bajo las Fuerzas Militares”.

El tema será expuesto en un cabildo abierto distrital próximo, donde tras una convocatoria impulsada por los hermanos Uscátegui, el alcalde Galán deberá asistir y escuchar a la ciudadanía sobre la viabilidad y pertinencia de la militarización en las localidades señaladas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella ordenó control militar en Sumapaz y Usme?

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó establecer control militar en Sumapaz y Usme con el objetivo de evitar la expansión de diversas redes delincuenciales, específicamente el Tren de Aragua, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), Los Ingenieros y El Mesa. De acuerdo con lo expuesto en el Consejo de Seguridad y citado por El Espectador, estas estructuras delinquen en la capital, y la decisión busca prevenir que refuercen su control en sectores vulnerables especialmente del sur de la ciudad.

¿Qué significa la militarización de una zona y cuáles son sus implicaciones para Bogotá?

La militarización de una zona implica transferir funciones de control y seguridad desde las autoridades civiles, como la Policía Nacional, hacia las Fuerzas Militares, lo que puede suponer la implementación de patrullajes, operativos y medidas propias del ámbito militar. De acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad, César Restrepo, para Bogotá esto significaría poner el territorio bajo control de las Fuerzas Militares, lo que sería interpretado como declarar a la ciudad en "estado de guerra", una medida de carácter excepcional que desplazaría el mando policial en materia de orden público.