Funcionamiento y costos de las cámaras salvavidas en Bogotá: dudas sobre su impacto en la reducción de accidentes

La instalación de cámaras de fotodetección, conocidas popularmente como “salvavidas”, ha sido presentada durante años como la gran estrategia para reducir la accidentalidad vial en Bogotá. Sin embargo, la propia información de la Secretaría Distrital de Movilidad revela un panorama controversial y, según varios sectores, indignante. Este sistema, que funciona gracias a los recursos de los contribuyentes bogotanos, termina por sancionarlos a través de mecanismos cuya sostenibilidad se respalda, en parte, desviando recursos originalmente destinados a la semaforización de la ciudad. Estos fondos financian una estructura considerada recaudatoria, y en gran medida manejada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

Los costos asociados a estas cámaras son elevados. De acuerdo con fuentes oficiales, el proyecto inició con el Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación 1029 de 2010 y una adición posterior, sumando más de 39 mil millones de pesos, lo que implica que cada cámara tuvo un costo superior a 2.186 millones de pesos. El gasto no termina allí: otro convenio, el número 2237 de 2021, soporta actualmente la operación a través de diferentes anexos. En este contexto, mensualmente se destinan cuantiosos montos a mantenimiento, operación y procesamiento de infracciones, incluyendo pagos por servicios de nube y consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

En 2024, además, se firmó un nuevo contrato por casi veinte mil millones de pesos para expandir el sistema, siempre usando recursos que originalmente deberían invertirse en semaforización. El discurso oficial insiste en que la finalidad es salvar vidas, aunque los registros oficiales reflejan otra realidad preocupante. Según el propio Sistema de Información Geográfico de Accidente de Tránsito (SIGAT), no se encontraron registros que asocien el exceso de velocidad con siniestros en los puntos vigilados por estas cámaras, al menos en un radio de 100 metros y en el periodo analizado entre 2024 y 2026.

La Secretaría Distrital de Movilidad justifica la falta de evidencia con argumentos técnicos: la velocidad, explicaron, no puede determinarse de manera precisa tras un accidente y el registro policial resultante tiene limitaciones objetivas. Aun así, las cámaras continúan imponiendo comparendos masivos, sobre todo en corredores como la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba, sancionando predominantemente a motociclistas, según datos de 2025 y 2026.

El presidente Abelardo De la Espriella ha reaccionado con fuerza ante este escenario, ordenando una revisión exhaustiva del funcionamiento de las cámaras de fotodetección en Colombia, con énfasis en acabar los abusos y auditar la legalidad de cada punto instalado. En su visión, el Estado debe servir y no exprimir al ciudadano a través de tecnologías punitivas que no demuestran eficacia técnica para prevenir accidentes.

¿Cuánto le cuesta a Bogotá el mantenimiento y operación de las cámaras salvavidas?

Según datos oficiales citados por la Secretaría Distrital de Movilidad, el mantenimiento y operación mensual del sistema de cámaras salvavidas en Bogotá supera los 450 millones de pesos. Este gasto incluye mantenimiento en vía, operación de los equipos, funcionamiento de la Central de Procesamiento de Infracciones de Tránsito, servicios de almacenamiento en la nube y consultas al RUNT.

¿Cuál es la relación entre las cámaras de fotodetección y la reducción de accidentes en Bogotá?

Los informes del Sistema de Información Geográfico de Accidente de Tránsito (SIGAT) indican que en los puntos monitoreados no se hallaron registros que relacionen el exceso de velocidad con siniestros viales. Esto genera dudas sobre la efectividad de las cámaras en prevenir accidentes, especialmente cuando la imposición de comparendos no se sustenta en evidencia técnica directa en los lugares vigilados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.