Bogotá y Corte Suprema de Justicia firman acuerdo para mejorar acceso a la justicia y protección de población vulnerable

La capital del país dio un paso importante para democratizar el acceso a la justicia y fortalecer la protección de las personas en condición de vulnerabilidad. Esto se materializó a través de la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Distrito Capital y la Corte Suprema de Justicia, cuyo propósito es facilitar la difusión de las decisiones judiciales y robustecer la capacidad institucional para atender a quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos, de acuerdo con información oficial publicada por el Distrito.

El acuerdo permitirá que diversas entidades distritales, como las secretarías de Integración Social, Jurídica, Educación y de la Mujer, trabajen de forma articulada con la Corte Suprema de Justicia. Juntas, promoverán la divulgación de la jurisprudencia en temas de familia y reforzarán la atención ofrecida por instancias como las Comisarías de Familia, Casas de Justicia y centros de atención enfocados en población vulnerable.

Sobre este punto, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, fue enfático al señalar que el objetivo es garantizar que "una mujer víctima de violencia, un niño, una niña o un adolescente, una persona mayor o cualquier ciudadano en condición de vulnerabilidad encuentre un Estado que responda de manera oportuna, coordinada y con enfoque de derechos", y que las instituciones trabajen sinergicamente para evitar la revictimización, entender la raíz de los conflictos y ofrecer soluciones más humanas y efectivas.

La esencia del Memorando se fundamenta en que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia se conviertan en herramientas prácticas para fortalecer la labor cotidiana de quienes tienen el primer contacto con la ciudadanía. Esto se logrará mediante la compilación de líneas jurisprudenciales y criterios judiciales, dirigidos específicamente a entidades encargadas de gestionar y prevenir situaciones de conflicto familiar.

Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, destacó que este convenio busca avanzar hacia una justicia "más cercana, comprensible y oportuna", asegurando que toda persona, indistintamente de su condición económica, reciba respuestas jurídicas sensibles y coordinadas de las instituciones.

El acuerdo incorpora las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, que exigen trato digno, lenguaje claro y la eliminación de barreras que dificulten el ejercicio de los derechos. Además, entre las principales líneas de acción se encuentran la formación de funcionarios, el trabajo conjunto con universidades y organizaciones sociales, y el acercamiento de los servicios de justicia tanto a zonas urbanas como rurales, especialmente a través de entidades como Comisarías de Familia y los centros CAIVAS (Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual) y CAVIF (Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar).

Así, Bogotá reitera su compromiso de que la justicia sea una garantía real para toda la ciudadanía y no un privilegio reservado para unos pocos.

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¿Para qué sirve el Memorando de Entendimiento entre el Distrito Capital y la Corte Suprema de Justicia?

El Memorando de Entendimiento busca que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia se apliquen de manera práctica, permitiendo a las entidades distritales y judiciales coordinar una atención efectiva, respetuosa y oportuna a la población vulnerable. Facilita la difusión de jurisprudencia y fortalece instituciones dedicadas al apoyo y protección de quienes afrontan mayores barreras para acceder a la justicia.

¿Qué son las Reglas de Brasilia y cómo influyen en el acceso a la justicia?

Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad son directrices internacionales destinadas a garantizar que quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad reciban un trato digno, claro y adaptado a sus circunstancias, eliminando barreras para el ejercicio pleno de sus derechos en el sistema judicial.