"La paradoja de la seguridad en Bogotá: cae el miedo en la ciudad, pero aumenta en Transmilenio y afecta más a mujeres"

La Encuesta de Percepción y Victimización 2024, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá a más de 19.000 hogares en toda la ciudad, revela un dato contradictorio para los habitantes de la capital colombiana: aunque la percepción general de inseguridad bajó de 76,5% en 2023 a 69,3% este año, la percepción de inseguridad en el transporte público aumentó. Específicamente, la encuesta destaca que el sentimiento de inseguridad entre quienes usan el sistema de transporte subió del 67,5% al 70,6%, y el problema es aún más marcado en mujeres, cuya percepción negativa pasó del 71,1% al 74,5%, según los datos oficiales recogidos por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Esta paradoja subraya un desafío urgente, considerando que cerca de cuatro millones de personas dependen diariamente del transporte público en la ciudad. Mantener la confianza en la seguridad de este sistema es vital no solo para la movilidad sino para la calidad de vida urbana. El funcionamiento del transporte público está soportado por un convenio interadministrativo entre la Empresa de Transmilenio S.A. y la Policía Nacional, el cual, desde hace 25 años, permite aumentar la presencia policial dentro del sistema y enfrentar la delincuencia, como lo enfatizó la directora de Seguridad de Transmilenio, Natalia Tinjacá.

Sin embargo, este acuerdo enfrentó un contratiempo crítico cuando su vigencia expiró el 28 de febrero de 2024 y no fue renovado sino hasta cuatro meses después, ya con ciertas limitaciones. Durante este periodo, la cantidad de policías disponibles dentro del sistema disminuyó sensiblemente, ya que muchos efectivos se vieron obligados a cumplir funciones fuera de Transmilenio, lo que impactó directamente la seguridad en buses y estaciones, según información aportada por Transmilenio.

Estas trabas en la administración dificultaron la optimización de los recursos policiales, lo cual, según Transmilenio, está estrechamente vinculado con el aumento de la sensación de inseguridad. Asimismo, expertos en criminología de la Universidad Nacional de Colombia apuntan a que factores como la falta de visibilidad de los cuerpos policiales y las dificultades económicas incrementan la actividad delincuencial en los espacios de transporte colectivo.

El impacto de esta creciente inseguridad es desigual y golpea especialmente a mujeres y sectores vulnerables de la población, quienes ven restringida su movilidad y acceso seguro a los servicios urbanos, tal como lo demuestran estudios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses enfocados en violencia urbana. De igual manera, organismos internacionales como ONU-Hábitat han insistido en la importancia de fortalecer la colaboración institucional y comunitaria, apoyándose en tecnologías de vigilancia y estrategias participativas para la seguridad ciudadana.

Ciudades latinoamericanas que enfrentan retos similares, como Ciudad de México y Santiago de Chile, han logrado avances mediante la integración de sistemas de cámaras, patrullajes focalizados y alarmas ciudadanas, medidas reconocidas por el Banco Interamericano de Desarrollo como efectivas para combatir la percepción de inseguridad en el transporte masivo. Estas experiencias resultan relevantes para el contexto bogotano.

El rol de los medios y de la transparencia en la comunicación de datos oficiales es esencial para que la ciudadanía evalúe la eficacia de los convenios de seguridad y ejerza su derecho a la vigilancia social. Así lo han argumentado especialistas en periodismo investigativo como María Teresa Ronderos, y medios como The New York Times y El Espectador, que insisten en la importancia de usar fuentes expertas y oficiales para comprender a fondo los problemas de seguridad que aquejan a las ciudades y colaborar en la reconstrucción de la confianza pública.

¿Por qué la percepción de inseguridad afecta más a las mujeres en el transporte público?

Al analizar los datos recabados por la Cámara de Comercio de Bogotá, queda en evidencia que la percepción de inseguridad en el transporte público golpea en mayor medida a las mujeres, quienes reportaron un incremento del 3,4% en el último año. Esta tendencia ha sido documentada no solo en la capital colombiana sino en estudios de distintas ciudades latinoamericanas, donde las mujeres enfrentan mayor exposición a acoso y violencia, sumando barreras a su movilidad diaria.

El miedo a la inseguridad limita la libertad de movimiento y el acceso equitativo a servicios, lo que impacta la vida laboral, social y educativa de las mujeres. Instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Legal han advertido que las mujeres sufren de manera más intensa los efectos psicológicos y socioeconómicos derivados de la inseguridad en el transporte urbano, subrayando la necesidad urgente de diseñar estrategias específicas de protección y atención para este grupo poblacional.

¿Qué es un convenio interadministrativo en materia de seguridad?

Un convenio interadministrativo, como el suscrito entre Transmilenio S.A. y la Policía Nacional, es un acuerdo formal que busca regular y coordinar la acción de diferentes entidades públicas en favor de un objetivo común, en este caso, la seguridad en el sistema de transporte. Dicho convenio establece las condiciones bajo las cuales la Policía puede asignar recursos humanos y logísticos de manera exclusiva para la protección del sistema, reforzando la vigilancia y respuesta institucional ante delitos.

La vigencia, alcance y condiciones de estos convenios son fundamentales para garantizar los niveles mínimos de seguridad que ciudadanos y autoridades esperan. Cuando existe un vacío o una renovación demorada, como ocurrió en 2024, la capacidad para prevenir y combatir los delitos se ve comprometida, afectando la confianza pública y la eficacia de las políticas adoptadas para el bienestar ciudadano.