Ataque al Batallón Cartagena en Riohacha: ELN y avance de grupos armados ponen en duda la seguridad en La Guajira

Tras el reciente atentado al Batallón Cartagena en Riohacha, atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la seguridad en La Guajira ha quedado en entredicho. El ataque, que dejó 12 militares heridos, encendió de nuevo el debate sobre la efectividad de la llamada “paz total” liderada por el Gobierno nacional. Misael Velázquez, secretario de Gobierno de La Guajira, manifestó en entrevista con EL COLOMBIANO su descontento con los resultados de esta política. Según Velázquez, los niveles de tranquilidad, convivencia y desarrollo esperados para el departamento no se han logrado bajo la actual estrategia gubernamental.

En respuesta a este acto violento, y luego de un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para facilitar la identificación y captura de los responsables, como informó EL COLOMBIANO. Además, un importante dispositivo de seguridad será desplegado con 4.000 miembros de la Policía y el Ejército durante las elecciones, respaldados por el Comité de Transparencia, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Como parte de estas medidas se realizará un estricto control migratorio, tras el anuncio del cierre de la frontera desde el sábado hasta el lunes a las seis de la mañana, según lo indicó Migración.

El Ejército Nacional, en su reporte oficial, detalló que los atacantes lanzaron 12 artefactos explosivos, de los cuales tres detonaron en la unidad militar y nueve fueron posteriormente destruidos de manera controlada. Ocho heridos ya recibieron el alta médica, mientras otros cuatro continúan hospitalizados. Las autoridades advierten que, según lo hallado en el vehículo involucrado, el daño pudo haber sido aún mayor, ya que la cantidad de explosivos descubierta superaba lo que finalmente se activó.

Velázquez alertó sobre el avance de diferentes grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), especialmente en zonas indígenas y corredores fronterizos. Según el funcionario, en Riohacha se han producido cuatro paros armados recientes, principalmente protagonizados por alias Naín, máximo cabecilla de las ACSN, por quien existe una recompensa tras reactivarse su orden de captura. La Defensoría del Pueblo mantiene vigilancia especial sobre la región, alertando sobre la expansión de estas estructuras violentas y la presencia de mensajes que incitan a la violencia.

Delitos como la extorsión, los homicidios y el reclutamiento de menores aumentan en municipios como Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure, San Juan y Fonseca. El secretario reiteró la urgencia de fortalecer la inteligencia, dotar de mayor tecnología y aumentar la presencia de la fuerza pública para lograr mayor control territorial y protección de la población civil. “Vamos a hacer todos los esfuerzos para garantizar el orden público y construir una política real de seguridad”, concluyó Velázquez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupos armados operan actualmente en La Guajira y cuáles son sus impactos?

Según declaraciones del secretario de Gobierno de La Guajira y reportes de la Defensoría del Pueblo, la región enfrenta la presencia de estructuras como el ELN, el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Estos grupos afectan la seguridad local a través de ataques armados, paros, delitos como extorsión, homicidios y reclutamiento. Su accionar impacta especialmente zonas indígenas y corredores estratégicos para el narcotráfico.

¿En qué consiste la política de “paz total” y por qué genera críticas en La Guajira?

La política de “paz total” es la estrategia del Gobierno nacional que busca establecer procesos de diálogo y acuerdos con diferentes grupos armados. Sin embargo, según afirmó Misael Velázquez a EL COLOMBIANO, en La Guajira no ha alcanzado los resultados esperados en materia de tranquilidad y desarrollo. Las críticas surgen por el aumento de hechos violentos, la expansión de organizaciones armadas y la falta de protección efectiva para la población civil.