Atentan contra líder social en Filandia: disparos y amenazas tras rechazar polémico decreto municipal

El municipio de Filandia, en el departamento del Quindío, enfrentó una jornada de inquietud colectiva tras el atentado registrado en la madrugada del lunes 9 de marzo contra la integridad de Ricaute Salazar, uno de los líderes sociales más representativos de la región. Cerca de las 5:30 a.m., individuos no identificados dispararon varias veces contra el vehículo de Salazar mientras este permanecía estacionado frente a su residencia rural, en inmediaciones de la vía que conduce al corregimiento La India. En ese momento, tanto el líder político como su familia estaban dentro de la vivienda.

De acuerdo con la información suministrada por Jessica Obando Correal, diputada departamental y quien fue la primera en denunciar públicamente el suceso, se constataron al menos tres orificios de bala en el automóvil. Pese a la gravedad de los hechos, no se reportaron heridos. Sin embargo, el acto ha sido interpretado por sectores diversos de Filandia y el Quindío como un claro mensaje de intimidación hacia quienes ejercen liderazgo social y político, particularmente quienes cuestionan las estructuras de poder locales.

Ricaute Salazar ha desempeñado un papel protagónico en la vida pública del municipio, especialmente tras su postulación a la alcaldía por el movimiento Pacto Histórico en los recientes comicios. Desde entonces, se consolidó como figura crítica ante la administración del alcalde Duberney Pareja Giraldo. Su activismo ha estado hondamente vinculado a la defensa de los derechos de los sectores populares y la oposición directa a medidas controvertidas, como el Decreto 115 impulsado por la alcaldía, que pretendía el desalojo y posterior reubicación de comerciantes en kioscos locales.

Este contexto ha convertido a Salazar en un referente para movilizaciones y procesos jurídicos, como la demanda interpuesta contra dicho decreto ante el Tribunal Administrativo. Se destaca su acompañamiento continuo a las comunidades afectadas, promoviendo la visibilización de sus demandas frente a las acciones institucionales.

La reacción a este atentado no se hizo esperar. La diputada Obando rechazó enfáticamente el “vil ataque”, solicitando intervenciones inmediatas del nivel nacional para salvaguardar la integridad de Salazar y sus allegados. Sostuvo además que la imagen de Quindío como territorio apacible se ve hoy refutada y mencionó que las autoridades locales serían responsables ante cualquier eventualidad adicional, dada la prolongada estigmatización que enfrentan los líderes sociales allí.

Las denuncias anteriores sobre hostigamientos y descalificaciones públicas han sido documentadas por la Defensoría del Pueblo. Específicamente, figuras oficiales —entre ellas, presuntamente el propio alcalde de Filandia— han calificado a Salazar de manera peyorativa, empleando el mote de alias ‘El Tomatero’. Este apodo, según los denunciantes, busca menoscabar y trivializar la legitimidad de su trabajo social, haciendo alusión irónica a su ascendencia agrícola. Aunque se han presentado solicitudes formales para que estas conductas cesen y sean rectificadas, los afectados indican que hasta el momento no se han tomado medidas definitivas para contener la situación de riesgo, lo que mantiene vigente la vulnerabilidad de quienes lideran procesos sociales en Filandia.

¿Por qué se considera el Decreto 115 de Filandia como polémico?

La razón por la cual el Decreto 115 ha suscitado una amplia controversia radica en que establece el desalojo y la reubicación de los comerciantes informales que laboran en los kioscos locales, una medida impulsada por la alcaldía municipal. Según el contexto aportado en los testimonios recogidos por Crónica del Quindío y las demandas sociales lideradas por Ricaute Salazar, dicho decreto pone en jaque la estabilidad laboral y económica de un sector significativo de la población, principalmente aquellos dedicados a la economía popular.

Colectivos de comerciantes y líderes sociales han cuestionado tanto el procedimiento como los posibles motivos detrás de la expedición del Decreto 115, alegando que no se garantizó un proceso participativo ni la existencia de alternativas viables para quienes resultarían afectados. Por tal motivo, se promovieron movilizaciones, demandas jurídicas y una amplia discusión pública en torno a las maneras en que las políticas locales impactan los derechos fundamentales de las comunidades más vulnerables de Filandia.