Florencia amanece en alerta: explosión sacude el centro y expone el avance de la extorsión armada en Caquetá

En la madrugada del 22 de agosto de 2025, un nuevo acto violento estremeció a Florencia, capital del Caquetá, Colombia, con la explosión de un artefacto en pleno centro, a escasos metros de las sedes de la Alcaldía y la Gobernación. Aunque el suceso no causó víctimas humanas, el estallido dejó un saldo de al menos diez establecimientos comerciales afectados, sus puertas y vitrinas destrozadas, y el ambiente marcado por la alarma en la zona más concurrida de la ciudad. Este reciente ataque se inscribe en una serie de hechos similares que han tenido lugar en otras regiones, como Cali y Amalfi, Antioquia, todos ellos relacionados con el accionar de grupos armados ilegales que incrementan la sensación de inseguridad en el país.

La Policía Nacional inició una operación para identificar y capturar a los autores del atentado, instando a la ciudadana a denunciar cualquier comportamiento sospechoso. El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, condenó estos actos y exhortó al gobierno nacional a endurecer las estrategias de combate contra la criminalidad. Según reportes oficiales, las primeras investigaciones señalan como responsables a facciones disidentes de la extinta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), particularmente un individuo conocido como alias Calarcá, que estaría detrás de las recientes acciones violentas focalizadas en la extorsión al comercio local, además de atentados en Cali y Amalfi, como indica información recogida por medios nacionales.

Caquetá, históricamente golpeado por la violencia armada, sigue siendo un escenario de confrontación a pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) reportó en 2024 un aumento de las actividades criminales de estos grupos, quienes encuentran terreno fértil para la extorsión y el narcotráfico dada la débil presencia estatal. Human Rights Watch también ha evidenciado que el uso de explosivos tiene el fin de intimidar comunidades, forzando desplazamientos internos y obstaculizando la acción judicial.

El gobernador Ruiz Aguilar ha insistido en la necesidad de reforzar la seguridad más allá de un enfoque meramente policial. El Ministerio de Defensa y la Fundación Ideas para la Paz recalcan que sin mejoras institucionales, inversión social y combate efectivo a la pobreza, la estrategia represiva resultaría insuficiente y podría perpetuar el ciclo de violencia y exclusión en regiones como Caquetá.

Este panorama no solo afecta a las víctimas directas y a la economía local, sino que también exige una respuesta ética por parte del periodismo. La cobertura de estos hechos demanda una verificación rigurosa de la información, evitando caer en el sensacionalismo o en la reproducción de rumores, como subrayan especialistas consultados por la Fundación Gabo. El rol de los medios es clave para esclarecer los hechos, dar voz a las comunidades y contribuir a una comprensión integral de las causas estructurales de la violencia.

Herramientas tecnológicas, como plataformas de análisis de datos y sistemas de geolocalización, también abren nuevas posibilidades para mapear y contextualizar el accionar de los grupos criminales, permitiendo a las autoridades y a la sociedad civil una visión más precisa de los desafíos que enfrenta la región. De fondo, la urgencia de restaurar la presencia estatal y fortalecer redes de protección ciudadana nunca ha sido más crítica, considerando el impacto psicológico, económico y social de la violencia urbana en Florencia y otros puntos neurálgicos del país.

Superar este episodio y transformar la realidad del Caquetá pasa por estrategias integrales que articulen seguridad, justicia, desarrollo y reconstrucción social. El reciente atentado evidencia la magnitud de los retos pendientes y la necesidad de un compromiso interinstitucional y ciudadano para frenar el avance del crimen organizado y restaurar el sentido de seguridad y esperanza en toda la región.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Por qué las disidencias de las FARC siguen operando en el sur de Colombia pese al acuerdo de paz?
El acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016 condujo a la desmovilización de la mayoría de sus miembros. Sin embargo, bloques y cabecillas que rechazaron este proceso, o retornaron a la actividad ilegal, encontraron oportunidades en territorios donde el Estado no logró ocupar ni controlar plenamente tras la salida de la guerrilla. Según estudios de INDEPAZ y reportes de Human Rights Watch, la persistente debilidad institucional, sumada a factores socioeconómicos como la pobreza y el escaso acceso a servicios públicos, facilita el resurgimiento de estos grupos.

La permanencia de las disidencias está también relacionada con la economía ilícita del narcotráfico y la extorsión. Estas facciones utilizan la violencia y la intimidación como herramienta para obtener rentas y mantener el control territorial, lo que a su vez complica la intervención estatal y prolonga el conflicto armado en zonas históricamente marginadas.

¿Qué es la extorsión y cuál es su impacto en los pequeños comerciantes?
La extorsión es un delito que consiste en coaccionar a una persona o entidad para obtener dinero a cambio de no causar daño físico, económico o social. En el contexto colombiano, la extorsión es una de las principales fuentes de financiación de grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, y suele estar acompañada de amenazas, atentados o destrucción de la propiedad, como se evidenció en el ataque a los comercios de Florencia.

Para los pequeños comerciantes, la extorsión implica un golpe directo a sus ingresos y su integridad psicológica, además de debilitar el tejido económico local. El miedo a represalias limita las denuncias y genera un clima de inseguridad que afecta la inversión y el desarrollo poblacional en municipios afectados por la criminalidad.