Drones explosivos siembran terror en Catatumbo: familias heridas y madres claman por paz antes de Navidad

La reciente agresión ocurrida en Tibú, Norte de Santander, donde un dron explosivo impactó una vivienda y dejó herida a toda una familia, ha sido condenada por la asociación Madres del Catatumbo por la Paz. Según su comunicado, el ataque ocurrido el 1 de diciembre causó lesiones físicas y daños emocionales irreparables a Gladys Teresa Contreras, su esposo Wilson Enrique Quintero y a sus dos hijas menores de edad, quienes resultaron aturdidos, hospitalizados y con fragmentos de esquirlas en el cuerpo, además de un profundo impacto psicológico difícil de dimensionar. La organización, a través de su misiva citada por El Espectador, expresó que su “voz se levanta con el corazón desgarrado” frente al dolor constante que vive la región.

Esta dramática situación se enmarca en una crisis humanitaria que el Catatumbo experimenta desde hace más de dos décadas, la cual ha recrudecido desde enero con la intensificación del conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de la disidencia de Calarcá. La zona se ha visto sumida en un ambiente de temor y zozobra generalizados, con las comunidades, lideradas en gran parte por las madres, actuando desde la solidaridad para brindar apoyo humanitario. Sin embargo, la reiterada solicitud de estas mujeres para que cesen los enfrentamientos ha sido ignorada, mientras continúan las muertes y heridas en la población civil.

En su carta, las Madres del Catatumbo por la Paz también cuestionaron cómo, a las puertas de la Navidad, aún persiste “este horror” cotidiano. Denunciaron el desangre de su comunidad, al señalar la constante caída de campesinos, mujeres, jóvenes y, nuevamente, niños que quedan marcados de por vida por el miedo, las explosiones y la presencia constante de drones sobrevolando sus casas. Con urgencia llaman al Gobierno Nacional para que refuerce su presencia y no abandone la región, y exigen a los grupos armados que detengan los ataques, realizando un “pacto con el Catatumbo”, en beneficio de las familias que solo anhelan vivir en paz.

Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) de Vivamos Humanos, recopiló testimonios y, según reportó Colombia+20 de El Espectador, el uso de drones explosivos y artefactos improvisados evidencian el profundo deterioro de la crisis. La Comisión de Verificación Humanitaria, en la que participó su organización, visitó los puntos más críticos de la región —Filogringo, Campo Seis, Bertrania y Versalles— entre el 12 y el 14 de noviembre y constató situaciones alarmantes, como explosivos lanzados sobre casas, colegios, caminos y hasta cementerios. Mejía relató que apenas dos semanas antes de su llegada, una pareja había fallecido por un ataque con explosivos lanzados desde un dron.

El informe de la comisión da cuenta de 123 violaciones al Derecho Internacional Humanitario, destacando ataques indiscriminados en zonas habitadas, uso de explosivos improvisados y minas antipersonales que afectan caminos, viviendas y espacios comunitarios. Además, se identificaron 73 violaciones a los derechos humanos que han provocado desplazamientos forzados, confinamiento, amenazas a líderes, afectaciones a la educación y graves riesgos para mujeres, jóvenes y migrantes. Este escenario confirma el desamparo de las poblaciones del Catatumbo, que siguen pidiendo auxilio sin lograr todavía un cambio en su realidad.

¿Qué significa el uso de drones explosivos en el contexto del conflicto colombiano?

El uso de drones explosivos se refiere a la utilización de aeronaves no tripuladas adaptadas para lanzar cargas explosivas sobre objetivos específicos, una práctica que, según Vivamos Humanos y El Espectador, representa una de las formas más preocupantes de violencia y escalada tecnológica en el conflicto armado de la región. Estos dispositivos permiten a los actores armados atacar objetivos civiles y zonas pobladas con mayor precisión y distancia, aumentando el temor, la destrucción y el nivel de vulnerabilidad de las comunidades.

El desarrollo de esta modalidad de violencia evidencia tanto la pérdida de límites humanitarios en el conflicto, como la urgente necesidad de atención y protección para los habitantes del Catatumbo y otras regiones afectadas. La denuncia persistente de las víctimas y las organizaciones sociales busca visibilizar la magnitud del drama para que el Estado y la sociedad colombiana, en general, respondan a esta crisis y protejan los derechos fundamentales en zonas olvidadas por la institucionalidad.