"Quiero saber qué pasó": De La Espriella defiende a exmilitares por asesinato del presidente de Haití

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El mandatario Abelardo De La Espriella ordenó asistencia jurídica y respaldo financiero para exmilitares colombianos llevados a Estados Unidos por magnicidio.

Dieciocho exmilitares colombianos procesados por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïses, recibirán una línea directa de defensa jurídica y respaldo económico patrocinada por el Gobierno Nacional. La directriz fue impartida de forma tajante por el presidente Abelardo De La Espriella a las carteras de Defensa y de Justicia, en medio del revuelo internacional que causó el traslado de los connacionales hacia una prisión en los Estados Unidos.

El movimiento de los exuniformados se concretó luego de que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití autorizara formalmente, el pasado 20 de septiembre, la entrega de los detenidos. Los ciudadanos fueron llevados directamente bajo la jurisdicción del Distrito Sur de Florida, el tribunal estadounidense que ha estado armando el rompecabezas sobre la financiación, la logística y el reclutamiento detrás de la incursión armada que cobró la vida del mandatario caribeño.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado no escatimó palabras para justificar la medida adoptada por su administración: “Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”.

En esa misma línea, De La Espriella endureció su postura frente a las responsabilidades individuales dentro del proceso judicial y mandó un mensaje de respaldo absoluto a los uniformados en retiro. “No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno. No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”, sentenció el mandatario.

El caso ha estado rodeado de sombras y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos desde el primer día de las capturas. En diálogo exclusivo con EL TIEMPO, la saliente embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, recordó que los exmilitares quedaron envueltos en el proceso simplemente por haber sido localizados con armamento cerca de la residencia presidencial en el momento del crimen. Velásquez relató que al asumir sus funciones consulares encontró a los connacionales hacinados en condiciones infrahumanas, un panorama que logró transformar parcialmente tras conseguir su traslado a una cárcel con mejores garantías, la habilitación de videollamadas con sus familias, la asignación de abogados de oficio y visitas consulares recurrentes.

Con esta intervención directa del Ejecutivo, el Gobierno busca equilibrar la balanza en los estrados norteamericanos, asegurando que los exmilitares cuenten con una asesoría legal robusta que evite condenas a ciegas y permita dilucidar el grado real de participación de cada implicado en uno de los episodios criminales más oscuros de la historia reciente latinoamericana.